ABSENTISMO DE RESPETAR DERECHOS Y DIGNIFICAR A LAS PERSONAS

Nos encontramos en pleno escenario de adelanto electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, y la ciudadanía asiste al tradicional bombardeo de consignas, promesas y, sobre todo, con cada vez más desconcierto, al baile de relatos económicos interesados que retuercen la realidad hasta el extremo. De entre todos los datos que la derecha y las patronales lanzan recurrentemente a la opinión pública, hay uno que se ha convertido en el auténtico mantra de la temporada: el "récord de absentismo laboral". Nos repiten con insistencia que más de un millón de personas faltan cada día a su puesto y que la factura de las bajas médicas asfixia la competitividad de las empresas. Sin embargo, más allá de que quienes políticamente utilizan ese relato sean quienes se opusieron a la reforma laboral que benefició a la clase trabajadora, tras la frialdad de estos titulares alarmistas se esconde una profunda trampa semántica, una manipulación interesada del lenguaje que busca moldear nuestra ideología a base de deshumanizar las estadísticas. Porque cuando nos detenemos a analizar qué meten realmente en ese concepto, descubrimos la cruda realidad: el verdadero absentismo no es el de quien enferma o ejerce un permiso legal, sino el de aquellas organizaciones que se abstienen de respetar la ley y la dignidad de las personas.

Para los departamentos de Recursos Humanos y las grandes consultoras, el absentismo se mide con una regla puramente numérica: horas que la empresa esperaba que trabajaras frente a horas reales trabajadas. Bajo esta lógica del Excel, se crea un "cajón de sastre estadístico" en el que se mezcla de forma deliberada e interesada el fraude laboral con realidades radicalmente opuestas, que van desde un tratamiento oncológico o una convalecencia por accidente hasta el ejercicio de permisos retribuidos o los periodos de conciliación familiar garantizados por el Estado. Llamar "absentismo" a cualquier ausencia autorizada y protegida por ley es una flagrante maniobra de deshumanización. La Real Academia Española define este término como la "abstención deliberada de acudir al trabajo", por lo que un empleado hospitalizado o alguien atendiendo a su familia no se abstienen de forma caprichosa; están lidiando con su salud o ejerciendo un derecho consolidado. Reducir la vulnerabilidad humana o el bienestar familiar a un simple porcentaje de pérdidas de productividad es el primer paso para estigmatizar y criminalizar al eslabón más débil de la cadena laboral.

El relato político de formaciones como el Partido Popular y Vox —muy alineado con las demandas de la patronal— insiste en que este incremento del coste de las bajas se debe a un abuso generalizado que debe combatirse endureciendo los controles. Las soluciones propuestas por las derechas pasan por dar mayor poder a las mutuas privadas para otorgar altas médicas o revisar los complementos salariales que garantizan el sueldo íntegro durante los días de ausencia. Pero lo que este discurso omite deliberadamente son las verdaderas causas estructurales que explican la realidad laboral en la España de 2026. Por un lado, nos encontramos ante una población activa progresivamente envejecida, cuyos cuerpos sufren el desgaste de décadas de actividad. Por otro lado, el incremento en la duración de algunas bajas no puede usarse como arma arrojadiza sin analizar el mapa político y la gestión ideológica de la salud; la realidad sanitaria es profundamente desigual según la Comunidad Autónoma, y en aquellas regiones donde se ejecutan políticas que detraen conscientemente recursos de la sanidad pública para beneficiar a la privada, los tiempos de diagnóstico se alargan de forma alarmante. Esto no es una justificación para las empresas, sino una consecuencia directa de un modelo que debilita el escudo social del trabajador en favor del rendimiento de las mutuas y clínicas privadas. A esto se suma que los periodos de descanso legalmente protegidos, como el nacimiento, no suponen un coste directo de salario para la empresa al ser cubiertos por la Seguridad Social, por lo que el malestar corporativo responde más a una resistencia hacia la flexibilidad organizativa que a una pérdida económica real.

Esta ideología del gráfico a toda costa encuentra su reflejo más injusto en sectores con culturas corporativas rígidas o fuertemente ideologizadas —como ocurre a menudo en la educación concertada o ciertas clínicas privadas—, donde las necesidades humanas se siguen viendo como una afrenta al rendimiento. Es aquí donde las empresas utilizan la trampa de la temporalidad para saltarse el espíritu de la ley. El modus operandi consiste simplemente en dejar morir los contratos aprovechando los fines de ciclo o las fechas de renovación, como el clásico primero de septiembre en los colegios. Si un trabajador resulta incómodo porque ha tenido que ausentarse debido a una enfermedad, un accidente o un proceso familiar, la empresa se limita a no renovarlo bajo la excusa de que el contrato ha expirado. Aunque judicialmente la legislación laboral protege al empleado frente a la discriminación, la realidad de la calle se aprovecha del desgaste psicológico y de la necesidad inmediata de ingresos de la persona afectada. Es en ese preciso instante donde se consuma el verdadero absentismo: el de la empresa que se abstiene por completo de su responsabilidad social.

Sociológicamente, el relato de la sospecha funciona porque se alimenta del sesgo de la anécdota —todos conocemos un caso aislado de alguien que abusó del sistema— y conecta con la legítima asfixia de los pequeños autónomos y pymes, que sufren la falta de ayudas estatales para gestionar las ausencias de sus plantillas. Pero en este contexto de adelanto electoral, la reflexión debe ir mucho más allá de las cifras de la patronal. Lo que verdaderamente se dirime en las urnas y en el debate social es qué valor le damos a la vida cuando esta no produce. Una sociedad sana y avanzada no es aquella que logra bajar a cero las estadísticas de ausencias a base de infundir culpa, coacción o no renovaciones camufladas a sus trabajadores. Una sociedad digna es la que entiende que ponerse enfermo o atender a la familia forman parte de nuestra condición humana, y que proteger esos momentos no es "absentismo", sino el pilar fundamental de la civilización y de los derechos laborales que tanto costó conseguir.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO SOCIAL. POR EL FIN DE LA ESPECULACIÓN Y DEL EXHIBICIONISMO MORAL

¿En qué momento de nuestra historia democrática decidimos igualar el derecho constitucional a una vivienda con el supuesto derecho a especular con ella? Esta es la gran pregunta que resuena con fuerza en el debate público actual, y que la propia portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos lanzaba como un dardo de sentido común frente a las pantallas de televisión. Hemos normalizado una anomalía salvaje: tratar un bien social de primera necesidad, indispensable para desarrollar cualquier proyecto de vida digno, como si fuera un simple activo financiero en una cartera de inversión bursátil. Al hacerlo, se ha permitido que el mercado fagocite la cohesión social, convirtiendo los barrios en tableros de Monopoly y despojando a la ciudadanía de su derecho a la ciudad. La vivienda no puede seguir siendo la gallina de los huevos de oro de los fondos buitre ni el colchón financiero de un rentismo insaciable; tiene que volver a ser, estrictamente, el lugar donde la gente vive.

Hay que decirlo con total claridad desde el principio: no existe equivalencia posible entre el derecho a un techo y el "derecho" a lucrarse exponencialmente a costa de la asfixia ajena. La propiedad privada tiene límites explícitos fijados por su función social en el artículo 47 de nuestra propia Constitución, pero décadas de desregulación feroz, de desidia institucional y de alfombras rojas a grandes tenedores han invertido las prioridades, consagrando una dictadura de mercado donde el beneficio de unos pocos se impone a la supervivencia material de la mayoría. Quien defienda que la vivienda debe regirse por la misma lógica salvaje que las acciones de bolsa está defendiendo la expulsión de las clases populares de sus propios hogares. Esta entrada de blog parte de una premisa innegociable: la vivienda es un derecho humano, y la única misión de una política progresista digna de ese nombre debe ser subordinar el mercado al interés general, combatiendo frontalmente su concepción como producto de especulación.

Es ahí donde el problema de la vivienda en España deja de ser una crisis sectorial latente para convertirse en una emergencia social de dimensiones inéditas. Quienes insisten en equiparar la asfixia actual del mercado del alquiler con las dinámicas cíclicas de las crisis del pasado demuestran una cortedad de miras descomunal. Nunca antes el acceso a un techo había devorado un porcentaje tan salvaje de los salarios, bloqueando la emancipación de generaciones enteras, distorsionando el mercado laboral y triturando la economía doméstica de las clases medias y populares. Ante este escenario de vulnerabilidad sistémica, la ciudadanía no exige milagros utópicos ni debates de trinchera televisiva; lo que reclama de forma desesperada son respuestas eficaces, tangibles e inmediatas. Sin embargo, el principal obstáculo ideológico en el bloque del progreso ya no es solo el relato ultraliberal de la derecha, sino el repliegue de una cierta izquierda en el dogma, el resentimiento personal y la comodidad de su propia pureza.

Por un lado, encontramos a esa corriente ruidosa movida por el puro despecho político hacia el liderazgo de Pedro Sánchez. Atrapados en la necesidad obsesiva de desgastar al Ejecutivo a cualquier precio, no dudan en adoptar o justificar los marcos conservadores si eso sirve para apuntalar su relato de que la política de vivienda de la Moncloa es un fracaso absoluto. Son analistas y opinadores que, con total ligereza, terminan comprando el dogma liberal de que las leyes de la oferta y la demanda son físicas, absolutas e inmutables, asumiendo el mantra patronal de que el único camino es liberar suelo y reducir la burocracia para que el mercado se autorregule. Prefieren validar las tesis de la derecha y amplificar el relato de la inseguridad jurídica o el miedo del rentista con tal de tener la razón en sus cuitas personales contra el presidente.

Por otro lado, y de forma aún más paradójica, se sitúa esa izquierda esencialista, de trinchera y pancarta —la de las esencias del izquierdismo puro y revolucionario de salón y de estudios de tv—. Es la izquierda "del algodón", la que opera bajo la premisa de que sus principios inalienables y su identidad doctrinal están por encima incluso de dar satisfacción a las necesidades urgentes de la gente. Para esta corriente, la política no es una herramienta de utilidad pública para mejorar el día a día de las familias aquí y ahora, sino un escenario puramente estético para exhibir una supuesta superioridad moral y mantener el carné de la ortodoxia intacto.

Esta desconexión con la realidad se hace evidente en los intentos recientes de forzar un reverdecimiento del 15-M, visible en la reactivación de las protestas y la vuelta de las acampadas a la Puerta del Sol. Si bien el malestar social por el alquiler es legítimo, pretender calcar las fórmulas de hace más de una década ignora que la España actual no tiene nada que ver con la de 2011 o 2015. El panorama ha cambiado radicalmente, sobre todo porque esa misma izquierda disruptiva que nació de aquellas plazas ya ha ocupado espacios de poder en el Gobierno de la nación, demostrando las lógicas limitaciones de la gestión institucional. Insistir hoy en una nostalgia romántica y en un 15-M idealizado, en medio de un clima político de máxima polarización, revela una preocupante falta de madurez estratégica.

No ver el escenario completo es ignorar al verdadero elefante en la habitación: la ultraderecha. En el contexto actual, estas movilizaciones maximalistas, lejos de debilitar las estructuras del capital inmobiliario, corren el riesgo de convertirse, aun sin pretenderlo, en el caballo de Troya perfecto que las fuerzas reaccionarias están deseando explotar. La ultraderecha ansía el desorden, la impugnación total del sistema institucional y la desestabilización del bloque progresista para canalizar el descontento hacia soluciones autoritarias y regresivas. Alimentar la hoguera de la antipolítica desde la izquierda "del algodón" solo pavimenta el camino para aquellos que buscan destruir los pocos escudos sociales existentes.

Aquí es donde estalla la gran tensión dinámica que vertebra la política española: el choque frontal entre este purismo estéril de salón y el posibilismo pragmático del PSOE. Mientras el esencialismo habita cómodamente en el diagnóstico destructivo, exigiendo utopías inmediatas e irrealizables desde la barrera —y sin asumir jamás los costes institucionales, presupuestarios ni las contradicciones que implica gestionar un país real—, el socialismo se ve obligado a ejercer como la izquierda del BOE (Boletín Oficial del Estado). El PSOE entiende que gobernar consiste en transformar la realidad a través de las herramientas jurídicas efectivas y las mayorías parlamentarias posibles. Implica equilibrar la protección social con la estabilidad económica y negociar palmo a palmo en escenarios fragmentados para sacar adelante avances reales. La izquierda del BOE sabe que un avance del cinco por ciento plasmado en una ley es infinitamente más útil para un ciudadano que una proclama del cien por cien atrapada en un tuit o en una lona de acampada.

La gran contradicción de esta izquierda esencialista es que, en su empeño por mantener las manos limpias y no contaminarse con el posibilismo gubernamental, termina siendo profundamente disfuncional para los intereses de las mayorías. Cometen el error político y estratégico de despachar las medidas de intervención pública y las reformas reales del Gobierno, como el control de precios o la protección frente a desahucios vulnerables, bajo la etiqueta displicente de "populismo cosmético" o "medidas para la televisión". Al descalificar estas herramientas de emergencia por considerarlas insuficientes o meramente estéticas, debilitan la posición de protección del propio Estado, desmovilizan a su propio electorado y terminan coincidiendo con el argumento central de la derecha: que cualquier intervención pública en el mercado es inútil y contraproducente. Con la excusa infantil de que "el Gobierno no hace lo suficiente", prefieren una derrota pura, digna y melancólica en el terreno de las ideas antes que una victoria parcial, negociada y pragmática que alivie el drama habitacional de miles de personas el mes que viene.

Va siendo hora de que el debate progresista recupere la madurez, la responsabilidad histórica y la altura de miras. No se puede jugar a hacer activismo de salón ni a la guerra de guerrillas interna mientras se desprecia la única herramienta capaz de cambiar las cosas de verdad: el Boletín Oficial del Estado. La gravedad del momento exige dejar atrás los resentimientos personales y las trincheras identitarias, asumir el posibilismo como la única vía real de transformación social y volver a lo fundamental. Defender que la vivienda es un derecho constitucional implica mancharse las manos con la realidad cotidiana de la gestión y la negociación para subordinar, de una vez por todas, el mercado al interés general. Empeñarse en exigir la pureza del algodón mientras las familias siguen siendo expulsadas de sus barrios no es ser más de izquierdas; es, sencillamente, una monumental cortedad de miras que convierte la ideología en un lujo estéril y da la espalda a la realidad de la gente.

En definitiva, la resolución de esta crisis estructural no llegará desde la comodidad del maximalismo retórico ni desde el bloqueo del despecho partidista. Quienes anteponen la pureza inmaculada de sus siglas a las urgencias materiales de la calle, o quienes asumen los dogmas del mercado para erosionar las reformas del Gobierno, terminan siendo cómplices del modelo especulativo que dicen combatir y dejando el campo libre al avance reaccionario. Defender la vivienda como el derecho social que es exige madurez, valentía y la voluntad firme de gobernar la realidad. Porque la ideología que no se traduce en medidas reales para bajar un alquiler es solo estética; frente a la emergencia habitacional, menos exhibicionismo moral y más BOE.

EL GAS PIMIENTA, UNA FOTO Y UN MENSAJE

Si alguien quisiera entender cómo se construye el marco mental de la extrema derecha en la Europa del siglo XXI, no necesitaría leer densos manuales de teoría política. Bastaría con que observara lo que está sucediendo en España, en general en las últimas semanas, y más concretamente en las últimas horas, en torno a un único punto geográfico: Ceuta.

En este enclave fronterizo, tres acontecimientos aparentemente independientes —pero profundamente coordinados en lo simbólico— han convergido para dibujar una radiografía perfecta de nuestro tiempo. Un objeto de defensa personal, una instantánea de la jefatura del Estado y una homilía eclesiástica. Política, ejército y religión. Tres poderes tradicionales operando al unísono sobre un tablero donde la crisis migratoria ya no se gestiona como una realidad humanitaria, sino como un escenario de guerra cultural y psicológica.

Para desenterrar los cables que conectan estos tres hitos, resulta útil cruzar la mirada con tres lecturas fundamentales de la ciencia política actual: Epidemia ultra de Franco delle Donne, La era de la revancha de Andrea Rizzi, y La doctrina invisible de George Monbiot y Peter Hutchison. Al relacionarlos, descubrimos que lo que está ocurriendo en Ceuta no es un hecho aislado, sino la escenificación local de una crisis sistémica global.

La tríada del miedo: de la táctica digital al púlpito

El primer hito es puramente político y mediático, y se manifiesta a través del significante del gas pimienta. En las últimas horas, diversos portavoces de la derecha y sus terminales de comunicación han viralizado un relato angustiante: madres en Ceuta que, presuntamente, están incluyendo sprays de pimienta en el estuche escolar de sus hijas ante el inicio de curso. En Epidemia ultra, Franco delle Donne nos advierte de que la nueva ola reaccionaria ya no compite en el terreno de la gestión, sino en el de la hiperpolarización afectiva y la captura cultural. El gas pimienta deja de ser un objeto físico para convertirse en un contenedor donde verter los peores temores sociales. Al introducir la supuesta amenaza en el espacio de protección de la escuela infantil, se activa un pánico moral inmediato. Es una estrategia que actualiza con herramientas digitales los viejos principios de la propaganda de Joseph Goebbels durante el nazismo: el principio de la exageración y la desfiguración, que consiste en convertir cualquier anécdota en una amenaza grave, y el principio de la transposición, que busca proyectar en un enemigo externo los propios miedos de la sociedad. Una táctica también calcada de la Alt-Right estadounidense, la derecha alternativa trumpista que se está cargando al partido republicano. Inocular la sensación de peligro inminente sirve, hoy como en el siglo pasado, para desproteger psicológicamente a la ciudadanía y forzarla a exigir respuestas autoritarias.

Mientras ese miedo cotidiano se cocina en las redes, ciertos resortes del aparato del Estado, aquellos con capacidad decisoria para marcar según qué agendas institucionales, mueven ficha en el plano simbólico a través de una fotografía. La Casa del Rey difunde una imagen no programada de una reunión del Jefe del Estado que, si bien pudiera formar parte de la agenda oficial habitual y ordinaria, nunca había sido objeto de información gráfica con anterioridad.  Aquí encaja con precisión quirúrgica la tesis de Andrea Rizzi en La era de la revancha. Rizzi explica de qué manera los conflictos contemporáneos se han trasladado a la llamada "zona gris" de la geopolítica, un espacio por debajo del umbral de la guerra abierta donde potencias extranjeras utilizan herramientas asimétricas —desde ciberataques, guerra informativa y desestabilización económica, hasta la propia instrumentalización de los flujos migratorios— para erosionar la seguridad y la cohesión interna de las democracias occidentales. Si bien la imagen busca proyectar soberanía frente al chantaje internacional, en el tablero doméstico genera un reverso sumamente complejo. Al militarizar visualmente la gestión de personas desarmadas en busca de futuro, no solo se valida, ¿involuntariamente?, el marco de la amenaza bélica, sino que la propia instantánea opera como un sutil significante político en el equilibrio de poderes. Esa inusual sobreexposición gráfica introduce una asimetría en la liturgia de una monarquía parlamentaria, sugiriendo de forma velada una suerte de tutela escénica sobre el devenir civil del país. Al permitir que el encuadre fotográfico se alinee con la narrativa de la excepcionalidad y la intemperie institucional, tan repetida desde amplios sectores de la derecha y la ultraderecha, la jefatura del Estado compromete la estricta neutralidad de sus atribuciones constitucionales frente al poder ejecutivo. Es en esa fisura representativa donde se activa, como advierte Rizzi, ese instinto de repliegue nacional y hostilidad defensiva que caracteriza a los estados psicológicos de la revancha.

Este engranaje se cierra en el plano espiritual mediante un mensaje desde el púlpito. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, ha adoptado sin ambajes el vocabulario de la ultraderecha, tanto en su carta semanal como en la homilía de Covadonga, utilizando términos como "auténtica avalancha" o "invasión" para referirse a Ceuta, e insinuando "intenciones perversas" tanto en quienes cruzan el espigón como en el legítimo gobierno de España. La respuesta a cómo un líder eclesial sitúa el relato de la sospecha por delante de la misericordia evangélica nos la ofrecen George Monbiot y Peter Hutchison en La doctrina invisible. Los autores demuestran cómo décadas de neoliberalismo han colonizado las mentes, destruyendo la idea de comunidad y entronizando la ideología de la escasez. Bajo este dogma secular, la vida es una competencia darwinista por los recursos y el otro es siempre un competidor peligroso. La homilía de Sanz Montes demuestra que esta doctrina del miedo ha ganado la batalla cultural al Evangelio, legitimando moralmente el egoísmo social y convirtiendo la deshumanización del migrante en una postura aceptable para el creyente.

Autocrítica y horizonte desde la izquierda

Ante este despliegue de pánico moral, escenografía militar y discursos de exclusión, la respuesta progresista no debe nacer de la reactividad sino de la autoexigencia. El proyecto de la izquierda, basado en el pacto social y la convivencia, es real y tangible, pero para fortalecerlo frente a las embestidas de la reacción es imprescindible el ejercicio de la autocrítica. Durante demasiado tiempo, los sectores progresistas han caído en la trampa del marco del adversario, respondiendo desde un plano puramente estético o con un moralismo abstracto que corre el riesgo de sonar desconectado de la realidad de las clases populares. No se puede combatir el miedo inoculado con condescendencia. Cuando no se atiende con suficiente contundencia la ansiedad real que la precarización económica y la falta de recursos públicos provocan en la ciudadanía, se deja un espacio que la extrema derecha aprovecha para canalizar a través de la xenofobia. El error no está en el proyecto, sino en la necesidad de articularlo con más fuerza, arrebatándole a la derecha el monopolio de conceptos como el orden o la seguridad, y demostrando, sin titubear ante los marcos del miedo, que no hay mayor firmeza institucional que la conquista de más Democracia y la ampliación del bienestar social, cimientos indispensables para blindar la defensa de los derechos humanos y la dignidad civil frente al ruido de la polarización.

Para blindar este horizonte frente a quienes no tienen una alternativa y solo ofrecen polarización, la propuesta de la izquierda debe seguir profundizando en sus pilares fundamentales. En primer lugar, es prioritario anteponer la seguridad social frente a la seguridad punitiva, demostrando que el miedo de las familias no se cura blindando fronteras, sino garantizando el Estado del bienestar: vivienda digna, servicios públicos robustos y empleos estables que desactiven el anclaje del discurso del odio. En segundo lugar, se requiere corresponsabilidad internacional frente a las "zonas grises", lo que implica una política exterior valiente que aborde el fenómeno migratorio desde el codesarrollo mutuo y exija una implicación real a nivel europeo, superando el modelo que convierte a los enclaves del sur en meros tapones fronterizos. Finalmente, urge la reconstrucción del nosotros colectivo frente a las homilías de la escasez, recuperando la bandera de la fraternidad y la comunidad como valores civiles y laicos, donde la acogida no sea un acto de caridad, sino un ejercicio de derechos humanos.

La izquierda no ganará la batalla cultural simplemente evidenciando que la derecha miente; la ganará ensanchando e implementando cada día ese plan que ya defiende y ejecuta desde las instituciones: el de la democracia, el respeto de la dignidad y los derechos humanos frente al vacío de quienes solo tienen la crispación como programa.

El espejo de la quiebra moral

Al unir el hilo político, el militar y el religioso, el paisaje que emerge en Ceuta es desolador, pero de una claridad meridiana. El aparato digital genera el pánico cotidiano, una parte del institucional escenifica una respuesta de excepcionalidad defensiva y el doctrinal ofrece la cobertura espiritual para justificar el rechazo.

El verdadero peligro de la epidemia ultra no reside únicamente en los resultados electorales que las encuestas no se cansan de repetir. El peligro real, como demuestran de forma brillante Delle Donne, Rizzi, Monbiot y Hutchison, es que sus marcos mentales terminen por colonizar los estuches de los colegios, los despachos de las instituciones y los altares de las iglesias. Ceuta no es solo una frontera geográfica. Ceuta es hoy el espejo donde se refleja la quiebra moral de Europa, pero también el lugar donde la defensa firme de los valores democráticos se vuelve más urgente que nunca.

DE LA MITRA AL MITIN. EL ARZOBISPO QUE ABRAZA LA RECONQUISTA Y DESCARTA LA ACOGIDA

¿Pastor de una comunidad o portavoz de una facción?

La llegada de septiembre en Asturias siempre se asocia a la celebración del Día de Asturias y al aroma de la conmemoración de la Santina en Covadonga. Sin embargo, desde hace años, los días previos a esta festividad arrastran también otro tipo de liturgia: la de la provocación política. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha vuelto a encender el debate público, demostrando una vez más que se siente mucho más cómodo actuando como adalid de los postulados de la ultraderecha que como pastor de una comunidad cristiana.

Su mensaje vinculando la crisis migratoria de Ceuta con la necesidad de una nueva "reconquista" no son un hecho aislado. Son el enésimo capítulo de una estrategia discursiva perfectamente calculada. Hace unos meses nos decía que "aquí no caben todos" para torpedear la regularización de personas migrantes. Ahora resucita el fantasma de la guerra santa medieval a las puertas de Covadonga. Al hilar ambas posturas, la máscara pastoral se cae por completo y lo que queda no es doctrina social de la Iglesia, sino geopolítica del miedo. El arzobispo se suma así a esa preocupante realidad que el papa Francisco denunció con firmeza y cuyo rechazo el actual pontífice, Leon XIV, mantiene hoy en el centro de su magisterio: la cultura del descarte. Al tratar a las personas migrantes como una mercancía demográfica o un peligro ideológico excedente, se asume la lógica de que hay seres humanos sobrantes a los que se puede, literalmente, descartar.

Lo verdaderamente alarmante de este perfil no es solo su beligerancia política, sino cómo sus proclamas caminan en sentido radicalmente opuesto al Evangelio de Jesús, según cuyo modelo de vida una vez se comprometió a ejercer su labor pastoral. Mientras Jesús de Nazaret coloca al forastero, al desamparado y al excluido en el centro de su mensaje moral —"fui forastero y me acogisteis" (Mateo, 25)—, Sanz Montes prefiere levantar muros retóricos y utilizar términos condescendientes que deshumanizan al migrante. Mientras los rotundos mensajes que León XIV dejó en su reciente visita a España insistían en que la dignidad humana es un don sagrado dado por Dios que obliga a la fraternidad y a derribar prejuicios, el arzobispo de Oviedo opta por la lógica de la invasión y el enemigo cultural.

Cuando un líder religioso utiliza el púlpito para sembrar hostilidad, dolor o enemistad en lugar de reconciliación, consuelo o fraternidad, y para lanzar ataques explícitos contra la gobernanza civil agitando discursos excluyentes, pervierte su misión. Su lenguaje no bebe de las bienaventuranzas, sino de los argumentarios de partido. No busca pastorear a un rebaño diverso, busca enardecer a una facción ideológica.

La fe, la espiritualidad y la devoción popular merecen ser espacios de encuentro, no la trinchera desde la que un obispo calienta los motores de la confrontación social. Al final, la historia y el pueblo creyente juzgarán si pesó más la mitra o el mitin. Pero, tanto a la luz de los valores humanistas más elementales como de las propias Escrituras, la respuesta parece dolorosamente clara: se puede ser un actor político de la derecha radical, o se puede ser un pastor fiel al Evangelio. Hacer ambas cosas a la vez es, sencillamente, imposible. Y Sanz Montes, plenamente consciente de esa incompatibilidad, ya ha elegido: su empeño busca el triunfo de su propia agenda política en lugar de la verdad del Evangelio.

CEUTA Y EL ESPEJO DE LA DIGNIDAD EN LA POLÍTICA MUNICIPAL

La crisis humanitaria en Ceuta y la preocupante estrategia de PP y VOX de instrumentalizar las instituciones locales para canalizar el malestar ciudadano nos obligan a detenernos y reflexionar de inmediato. No estamos ante un simple debate administrativo sobre el reparto de competencias o de recursos; estamos ante una crisis que mide la temperatura moral de nuestra sociedad. Y para quienes intentan justificar el rechazo levantando banderas de identidad, la pregunta es inevitable y urgente: ante esta instrumentalización del miedo en Ceuta, ¿dónde se sitúa el verdadero compromiso con la justicia y el bien común?

La trampa del miedo frente a la cultura de la serenidad

La estrategia de utilizar las instituciones locales para canalizar el malestar ciudadano busca un objetivo claro: convertir la vulnerabilidad de las fronteras en un arma arrojadiza de confrontación interna. Se agita el temor al diferente, se asocia de forma generalizada la migración con la amenaza y se deshumaniza a quienes, en muchos casos, son menores que huyen de la desesperación.

Frente a esta retórica que busca dividir a la ciudadanía, existe una mirada profundamente espiritual y humana que desarma los prejuicios. El verdadero compromiso ético no se sitúa en la tribuna de quienes usan el miedo para cosechar réditos electorales; se sitúa al lado quienes optan por la calma y recuerdan que el orden social jamás puede construirse sobre el desprecio a la dignidad. Quienes creemos en la fraternidad universal sabemos que la seguridad real nace de la cohesión, no de la sospecha.

Desmontando la lógica de la exclusión

La polémica no es solo política. Lamentablemente, también ha calado en ciertos discursos de repliegue social donde se intenta justificar el desentendimiento argumentando que los recursos deben ser estrictamente para los cercanos y que las instituciones no pueden asumir el dolor global.

Sin embargo, desviar la mirada bajo el pretexto de que "hay que atender primero a los de casa" es vaciar de contenido la esencia de la solidaridad. Ninguna frontera civil puede limitar el deber ético de socorrer a quien sufre. El prójimo no se define por el color de la piel, el origen del pasaporte o la cercanía geográfica; el prójimo es, por definición, "cualquiera que esté herido al borde del camino”. Alterar este principio para adaptarlo a un programa de exclusión es una profunda traición a los valores humanistas más profundos.

Políticas que multiplican y humanizan lo público

El argumento central que se repite como reclamo para concentrarse ante nuestros ayuntamientos es puramente material: "No hay recursos para todos". Se presenta la gestión local como un juego de suma cero, donde ayudar al de fuera implica desatender al de dentro. Esta premisa oculta una falta de voluntad para construir comunidad. Los recursos municipales no se agotan por la solidaridad; se gestionan mal cuando se prefiere invertir en el conflicto antes que en la integración.

Frente a esa lógica de la escasez y el egoísmo, las políticas progresistas de reparto y acogida compartida representan un soplo de esperanza y coherencia, también desde una óptica creyente. Cuando las administraciones públicas ponen los presupuestos al servicio del bien común y planifican con corresponsabilidad, demuestran que el orden y la dignidad humana son perfectamente compatibles. Hay que agradecer y poner en valor el esfuerzo de aquellos gobiernos locales que, lejos de amurallarse, exigen una financiación justa, fortalecen los servicios sociales y cooperan con el Estado para que la carga de la acogida sea equilibrada y digna. Ese modelo de gestión que comparte y estructura la ayuda es la plasmación real y civilizada de la multiplicación de los bienes para que nadie quede desamparado.

El lugar de la verdadera justicia

Dar este paso en la gestión pública no es solo una cuestión de eficacia técnica o de siglas; para quienes entendemos la política desde unas convicciones profundas, las leyes justas y los presupuestos redistributivos son la traducción civil de un mandato ético superior. Por eso, si hoy buscamos el latido de lo sagrado en medio de la polémica que inunda nuestros ayuntamientos, no lo encontraremos en los discursos que señalan con el dedo ni en las proclamas que exigen blindajes ciegos a la solidaridad.

Ese misterio de humanidad está hoy en la costa de Ceuta, compartiendo el frío y el miedo junto a los que arriesgan su vida en la mar. Está en los rostros de esos menores desprotegidos que el modelo político de las derechas utiliza como moneda de cambio. Pero también brilla con fuerza en la acción política de izquierda que traduce los valores de la justicia en decretos, en plazas de acogida reales y en presupuestos de inclusión. Se encuentra en el corazón de aquellos ciudadanos y gobernantes locales que, a pesar de las dificultades, eligen la responsabilidad, el diálogo y la justicia social por encima de la crispación.

Una llamada a la altura institucional

Tengo claro que la gestión de la vulnerabilidad en las fronteras no puede ser un campo de batalla electoral ni un pretexto para el desgaste partidista. Los ayuntamientos, como la institución más cercana a la ciudadanía, encuentran su mayor legitimidad cuando se convierten en espacios de cuidado, cohesión y soluciones reales, nunca en escenarios para ensayar la fractura de nuestros barrios.

La verdadera grandeza de una sociedad no se mide por la altura de sus vallas ni por la agresividad de sus consignas, sino por su capacidad para blindar los derechos de los más vulnerables. Frente a las puertas de nuestros consistorios, es el momento de defender una política con alma: aquella que entiende que gobernar es, ante todo, una forma elevada de cuidar del otro, sin importar de dónde venga. Por coherencia con estos principios, por respeto a la dignidad de quienes sufren y por responsabilidad con mis vecinos y vecinas, no secundaré ni asistiré a la concentración convocada por el Partido Popular. Mi lugar como concejal de Castrillón no estará en el espacio de la crispación ni de la instrumentalización partidista; estará siempre al lado de la convivencia, de la justicia social y de la defensa activa de los derechos humanos.

LA FACTORÍA GLOBAL DEL MIEDO

La crisis humanitaria y fronteriza vivida este fin de semana en Ceuta, con la entrada masiva de miles de personas por el espigón de Tarajal y un trágico balance de decenas de víctimas mortales, ha dejado de ser un acontecimiento local para convertirse en el laboratorio de una campaña, una más, de intoxicación global. Lo relevante de estas últimas horas no es solo la complejidad geopolítica o el drama humano en la frontera, sino cómo las terminales de la ultraderecha mundial han coordinado, e incluso fabricado desde la nada, un relato de pánico diseñado para un fin unificado: anular la razón y personalizar el colapso en el Gobierno de España y en la figura de Pedro Sánchez. Este fenómeno demuestra que los mecanismos de manipulación de masas que oscurecieron Europa en los años 30 del siglo pasado siguen plenamente vigentes; simplemente han sustituido los antiguos despachos oficiales por las tertulias y los algoritmos de Silicon Valley.

Esta factoría del miedo opera mediante la desarticulación de la complejidad, bajo la premisa de que la mente colectiva es incapaz de procesar la multicausalidad de los problemas estructurales. Cualquier desafío sistémico se despoja de sus variables técnicas para ser reducido a un único culpable directo y absoluto. Para el relato de la estridencia, el avance de las llamas en una ola de incendios forestales, la emergencia climática de la DANA de Valencia, la catástrofe geológica del volcán de La Palma, la gestión sanitaria del Covid o el flujo de desesperados en la frontera son la consecuencia matemática y exclusiva de la debilidad del presidente del Gobierno. Las mesas de opinión en televisión y radio se han convertido en las grandes herramientas para reducir estas emergencias a consignas de consumo rápido, traduciendo la tragedia en un relato ficcionado de "buenos y malos" donde los mismos tertulianos analizan de forma consecutiva economía, sanidad, leyes o geoestrategia. De esta manera, el análisis riguroso se desplaza hacia el terreno de la pasión y el ataque personal, eliminando cualquier espacio de moderación.

Este reduccionismo drástico de la realidad no sería viable hoy sin la sofisticación de las plataformas digitales, que operan bajo un principio de transposición y reflejo invertido donde el conflicto se convierte en un modelo de negocio masivo. El debate de fondo muere sepultado por el diseño estratégico de intervenciones y titulares configurados exclusivamente para el consumo rápido. Los algoritmos de recomendación de redes como X, TikTok o YouTube, programados para maximizar el tiempo de permanencia del usuario a costa de la polarización, no premian la veracidad ni el análisis ponderado, sino el contenido que espolea la rabia, la indignación o el miedo. En este nuevo ecosistema, un vídeo manipulado o un meme con un ataque directo e hiriente encuentra una autopista digital inmediata, propagándose exponencialmente más rápido que cualquier explicación técnica o institucional. Se automatiza y descentraliza así la vieja premisa de los años 30: la repetición incansable de una consigna única ya no requiere un control centralizado de los medios oficiales, sino un software programado para rentabilizar la crispación de millones de ciudadanos.

El puzle fragmentario se consolida mediante la exageración y el anclaje de la sospecha. Tomando como cimiento una "pizca de verdad" —el hecho objetivo y visible de crisis concurrentes como la migratoria, las campañas de vacunación o los problemas de infraestructuras—, las terminales digitales globales construyen una mentira sobredimensionada. Al aderezar estas realidades con un léxico apocalíptico que habla de "dictadura", "régimen autocrático" o "invasión", la escala de la realidad se desfigura por completo. Su propósito es erradicar la normalidad del espacio público, forzando al ciudadano a percibir la gestión ordinaria del Ejecutivo no como una línea política discrepante, sino como un peligro letal para la supervivencia de la nación. Al priorizar exclusivamente las polémicas que desgastan, se genera una fatiga informativa donde ya es imposible distinguir un contratiempo administrativo de una crisis institucional.

El giro más perverso de esta maquinaria es que explota la vulnerabilidad social y el pánico al futuro para alimentar una trampa nostálgica, convirtiendo el mañana en una amenaza e imaginando fronteras infranqueables o sociedades homogéneas que la demografía y la globalización ya han dejado atrás. El populismo reaccionario analiza la añoranza fríamente como un nicho de mercado electoral para traducir el sufrimiento del desarraigo o la precariedad material en votos de resentimiento, señalando falsamente a la inmigración, a las minorías o a los avances sociales como culpables de todos los males. Al propagar la idea de que la nación entera se encuentra en un peligro inminente, este fenómeno de asimilación forzada traslada la trinchera ideológica a los entornos cotidianos (cenas familiares, entornos laborales o grupos de WhatsApp), obligando a los ciudadanos con opiniones matizadas al silencio por miedo al conflicto o a ser juzgados moralmente.

Salvar nuestro criterio de esta trampa de espejos es, en última instancia, el mayor acto de rebeldía democrática que nos queda. Romper el hechizo del enemigo único exige la valentía de apagar el ruido de las pantallas, rechazar la comodidad de los marcos binarios de "buenos y malos" y atreverse a caminar a la intemperie de la realidad. Porque cuando una sociedad consiente que una crisis humanitaria o un desastre natural se reduzcan a la caricatura o al linchamiento obsesivo de un solo hombre, no está castigando a un gobernante: está renunciando a su propia inteligencia. En esta era de algoritmos programados para alimentar la hoguera de la crispación, recordar que la realidad es siempre multicausal, fragmentada y compleja es el último refugio de nuestra libertad frente a los fantasmas que, un siglo después, pretenden volver a gobernarnos a través de la reactivación del miedo y la uniformidad forzada. 

Asumir este compromiso con el matiz es, en el fondo, la única razón que justifica nuestra presencia en este ágora digital compartida. Volver a arrojar la palabra al espacio público tras el silencio, negándose a aceptar el lodazal de la descalificación como la única gramática posible, no es un mero ejercicio de obstinación; es la firme convicción de que la inteligencia colectiva merece ser defendida. En un tiempo donde el insulto automatizado busca la rendición del disidente a través del hastío, recuperar la voz para analizar la realidad con distancia y lucidez se convierte en un imperativo ético. No escribimos para convencer ni para alimentar trincheras, sino para mantener encendida la luz del argumento frente a las sombras de la intolerancia. Al final del día, la intemperie de la realidad siempre será un suelo infinitamente más digno y libre que el búnker predecible del prejuicio o el silencio impuesto por el miedo.

LA IGLESIA ANTE EL ESPEJO DE SAN AGUSTÍN: A LOS HECHOS ME REMITO, SU ILUSTRÍSIMA

Cuando la jerarquía eclesiástica invoca a San Agustín para dar lecciones de moral al Estado, corre el riesgo de que el santo se gire en su contra. Un repaso riguroso —y sin censuras— a los textos agustinianos que desmontan la deriva ultra de nuestros obispos y sacan a la luz los verdaderos deberes de la Iglesia frente a los abusos y los más vulnerables. Vayamos con San Agustín, Su Ilustrísima, pero con todas las consecuencias 

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha encendido el debate político al afirmar que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”, añadiendo un desafiante “a los hechos me remito”. Para blindar su ataque contra las instituciones democráticas, el monseñor decidió ponerse los guantes de la alta teología y ampararse en una célebre cita de San Agustín de Hipona. Es un movimiento retórico audaz, pero el problema es que cuando uno invoca a los grandes pensadores de la Iglesia para dar lecciones de moral al prójimo, corre el riesgo de que los textos sagrados se giren en su contra. Vayamos, pues, con San Agustín, Monseñor, pero leámoslo entero, no solo el párrafo que conviene en el sermón del día.

Si acudimos al San Agustín más político y pragmático, el del Libro XIX de La ciudad de Dios, descubrimos una realidad sumamente incómoda para la actual cúpula eclesiástica, ya que el santo de Hipona defendió firmemente la legitimidad del Estado terrenal y la obligación absoluta del cristiano de obedecerlo. Para San Agustín, las estructuras políticas civiles son un instrumento querido por la providencia para mantener la paz terrenal, evitando el caos y regulando la convivencia con independencia de si los gobernantes son perfectos o no. El filósofo instaba a los ciudadanos a pagar impuestos, respetar la propiedad y acatar el marco legal civil, defendiendo incluso que un gobernante injusto debe ser asumido con paciencia y oración, nunca como una excusa para declarar al Estado ilegítimo o compararlo con una mafia criminal.

Si de hechos y de ética vamos a hablar, la obra de San Agustín es un espejo demoledor para la propia jerarquía eclesiástica contemporánea. Se puede usar a San Agustín para reprobar con absoluta firmeza la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, pues el santo firmó páginas memorables contra la corrupción interna. En su célebre Sermón 46, lanzó una crítica feroz contra los líderes religiosos que se alimentan a sí mismos en lugar de cuidar al rebaño, describiéndolos como lobos que destruyen a los más vulnerables. Del mismo modo, en su tratado Sobre la mentira, San Agustín dejó claro que ninguna mentira es lícita, ni siquiera aquella que pretenda proteger la reputación de la institución, por lo que las estrategias de silencio y secreto corporativo aplicadas durante décadas para ocultar a criminales con sotana chocan frontalmente con la exigencia agustiniana de verdad absoluta.

Como creyente cristiano, vivir la fe en estos tiempos implica sufrir una profunda contradicción ética al ver cómo una parte de la cúpula eclesiástica se alinea con los postulados de la derecha y la ultraderecha. Utilizar el púlpito o los actos académicos para desgastar al Gobierno mediante el uso sesgado de la filosofía es, bajo el prisma agustiniano, una flagrante degradación evangélica. El núcleo de La ciudad de Dios se escribió tras el saqueo de Roma en el año 410 precisamente para recordar a los fieles que la Iglesia jamás debe casar su destino con ninguna facción política secular, pues los partidos y los reinos pertenecen a la Ciudad Terrenal, movida por la ambición de poder. No hay nada menos evangélico que ver a ciertos obispos aplaudir o amparar con su silencio discursos de odio, xenofobia y desprecio a los vulnerables que defiende la ola ultra. El Evangelio de Jesús es radicalmente incompatible con el repliegue identitario, la exclusión del diferente y la insolidaridad económica.

Esta lamentable deriva partidista choca frontalmente con el mensaje que el papa León XIV nos dejó en su reciente e histórica visita a España. Mientras los sectores más conservadores de nuestra Iglesia se dedican a enredar en la política nacional con discursos divisorios y polarizantes, el Santo Padre entró a nuestro país por la puerta de la misericordia, visitando los centros de atención a personas sin hogar en Carabanchel y viajando hasta las Islas Canarias para abrazar a los migrantes y defender la dignidad inviolable de toda persona humana. En sus discursos, León XIV nos instó de forma clara a abandonar las narrativas del enfrentamiento y a cultivar la amistad social, recordando que los preferidos de Dios deben ocupar un lugar fundamental en nuestra vida. El Papa nos pidió que nuestra religiosidad no fuera un museo del pasado, sino una Iglesia en salida que escucha antes de hablar y que reconoce en las periferias el verdadero lugar para vivir el Evangelio. Qué doloroso contraste ver a un Pontífice clamando por la acogida fraterna de los menores migrantes mientras la ultraderecha los criminaliza y nuestros obispos locales prefieren guardar silencio o atacar éticamente al Estado.

San Agustín nos enseñó que en este mundo la Ciudad Terrenal y la Ciudad de Dios están indisolublemente mezcladas y que nadie es puro, ni el Estado, ni el Gobierno, ni la estructura visible de la Iglesia. Dentro de los templos hay trigo, pero también hay mucha paja que viste ropajes sagrados. Su Ilustrísima ha querido dar una lección de moral utilizando la historia de la filosofía, pero la historia, la filosofía y el propio testimonio actual de León XIV nos recuerdan que, antes de ver la paja en el ojo del Estado, conviene limpiar el trigo de los propios graneros. Vayamos con San Agustín, monseñor, pero vayamos con todas las consecuencias. A los hechos, y a sus propios textos, me remito.