23-F, 45 AÑOS DESPUÉS ALGUNOS VUELVEN A QUERER QUE ESPAÑA BAJE LA VOZ

Hay recuerdos que no se archivan en la memoria: se quedan viviendo en el cuerpo. El 23 de febrero de 1981 no lo entendí. Lo sentí.

Tenía trece años. Estaba en el salón de casa, con los deberes abiertos sobre la mesa camilla y el murmullo de la radio acompañando la tarde como un electrodoméstico más. Mi madre planchaba. Atardecía. La luz era amarilla, de invierno. Y entonces la voz del locutor se quebró.

Después, el ruido. Los disparos no sonaban como en las películas. Sonaban huecos. Secos. Reales. Y tras ellos, el silencio más largo que he escuchado nunca. Mi madre bajó la voz. Bajó la radio. Bajó el gesto. Igual que bajó el país entero.

Yo no sabía exactamente qué estaba pasando en el Congreso, pero entendí algo esencial: mi madre tenía miedo. Y cuando una madre, cuando un padre tiene miedo, el mundo se vuelve pequeño. Y esa noche España se acostó con miedo. No el miedo teatral que hoy se agita en redes sociales como si fuera un accesorio ideológico. No el miedo impostado que se sobreactúa en tertulias. Hablo del miedo antiguo. Del miedo que mis padres habían conocido de sus padres y que se empeñaron en no transmitirnos a nosotros. Del miedo que huele a silencio forzado y a persianas bajadas antes de tiempo.

Aquella generación —la de mis padres, la anterior de mis abuelos— no hablaba de la democracia como un concepto. La vivía como una conquista reciente, casi frágil. La habían visto nacer con cautela, prácticamente sin saber lo que era, tras la muerte de Franco. La protegían con una mezcla de esperanza y escepticismo, porque ni siquiera estaban seguros de que fuera definitiva. Para ellos, la dictadura no era un capítulo de libro de texto. Era una experiencia biográfica. Por eso aquella noche del 23-F no fue solo un golpe de Estado retransmitido por la radio. Fue el fantasma del pasado sentándose otra vez en la mesa camilla.

Yo seguí fingiendo que hacía los deberes. Pero miraba a mi madre. Ella no lloraba. No dramatizaba. Solo escuchaba en silencio, con esa dignidad callada de quienes han aprendido que el ruido nunca trae nada bueno. Recuerdo que el día finalizó tarde y que, seguramente, la noche de mis padres fue la prolongación del día sin fin que fue aquel 23-F. No lo recuerdo, pero seguramente pensé —con la lógica limitada de un adolescente—, que si los mayores estaban asustados, algo verdaderamente serio estaba ocurriendo. Y ocurrió.

Cuando al día siguiente amaneció y supimos que la intentona había fracasado, el país respiró como quien sale a la superficie después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. España amaneció agradecida. No eufórica. No vengativa. Agradecida.

Agradecida porque la democracia —esa palabra entonces joven— seguía en pie. Agradecida porque el ruido de los sables no había vuelto a ordenar nuestras vidas. Agradecida porque, por una vez en nuestra historia contemporánea, el futuro no se había escrito con botas.

Y en esa gratitud hubo algo profundamente colectivo. La sociedad callada. La que no sale en los libros. La que no toma el Congreso ni lo defiende con discursos épicos. La que simplemente quiere vivir en paz, trabajar, criar a sus hijos y votar cada cuatro años sin miedo. A pesar de que aquella mayoría social, tal como señala Javier Cercas, se acostó esperando que el golpe fracase, o que triunfase, esa mayoría silenciosa fue la verdadera protagonista de aquella noche. Lo digo así porque con el tiempo entendí lo que entonces no comprendía, que la democracia no es un punto de llegada. Es un equilibrio inestable. Un pacto diario entre diferentes. Un ejercicio de contención. Un acuerdo imperfecto que exige renuncias.

Con el paso de los años la convicción democrática se ha ido afianzando en mí antes que la identidad partidista. Lo digo con toda rotundidad porque creo en la política como una herramienta de modernización, de derechos, de dignidad colectiva. Lo digo porque mi lealtad última no es a un partido: es al sistema que permite que los partidos existan y se alternen sin tiros en el techo.

Eso, que parece obvio, hoy en día, desgraciadamente, no lo es. Hoy, cuando escucho banalizar el autoritarismo, cuando veo normalizar discursos que desacreditan las instituciones, cuando se juega con el desprestigio del Parlamento como si fuera un deporte de sobremesa, recuerdo aquella tarde de febrero y la voz quebrada del locutor. Lo conquistado puede perderse. Y perderlo cuesta poco.

Basta con erosionar la confianza en el adversario. Basta con convertir al discrepante en enemigo. Basta con repetir que el sistema no sirve hasta que alguien decida que hay que sustituirlo por algo “más eficaz”.

La historia europea del siglo XX está llena de democracias que murieron con aplausos.

Lo difícil no fue solo derrotar un golpe de Estado aquella noche. Lo difícil fue llegar hasta 1978. Lo difícil fue que una generación marcada por la guerra civil y la dictadura apostara por la reconciliación en lugar de por el ajuste de cuentas. Lo difícil fue sentarse con quien pensaba distinto y firmar un pacto constitucional que no era perfecto para nadie, pero aceptable para todos.

Eso costó décadas. Costó exilio. Costó cárcel. Costó silencio obligado. Costó renuncias personales que hoy nos parecerían inasumibles. La democracia española no nació de una moda. Nació del cansancio del dolor. Y, sin embargo, qué fácil es hoy despreciarla. Qué rápido se olvida que los sistemas democráticos no se desploman siempre con un estruendo. A veces se vacían por dentro. Se erosionan. Se ridiculizan. Se polarizan hasta el punto de hacer inviable la convivencia. No necesitamos tanques para perder libertades. Basta con acostumbrarnos al insulto. Basta con asumir que la verdad es relativa. Basta con creer que el adversario es ilegítimo.

Aquella noche del 23-F aprendí algo sin saberlo: la democracia no es irreversible. Lo supe en el silencio de mi madre. Lo confirmé al ver a tanta gente votar con una mezcla de responsabilidad y orgullo en cada elección. Lo entiendo ahora, como adulto, cuando veo a jóvenes que dan por descontados derechos que costaron generaciones enteras.

No escribo esto desde la nostalgia. Lo escribo desde la advertencia. No para dramatizar el presente. Pero sí para recordar que ningún sistema está blindado contra la indiferencia. La generación de mis abuelos tardó décadas en recuperar lo que perdió en unos meses. La de mis padres aprendió a protegerlo con prudencia. La nuestra tiene la tentación de darlo por garantizado. Y ahí reside el peligro.

El 23 de febrero de 1981 fue una noche larga. Pero al día siguiente amaneció. No porque la democracia fuera fuerte por naturaleza, sino porque una sociedad —con sus defectos, sus contradicciones y sus silencios— decidió que no quería volver atrás. La democracia no se defiende solo en los parlamentos. Se defiende en las casas. En los salones. En las conversaciones en voz baja. En la conciencia cívica de quienes, sin hacer ruido, sostienen el edificio común.

Aquella tarde yo era un niño que escuchaba disparos por la radio. Hoy soy un adulto que escucha otras formas de ruido. Y sé que lo verdaderamente peligroso no es el estruendo. Es acostumbrarse a él. Porque lo que costó medio siglo conquistar puede perderse en una generación distraída. Y entonces volveremos a bajar la voz.

Y ya no bastará con encender la radio para recuperar la esperanza. 

REFLEXIÓN DE UN CREYENTE ANTE EL MURO DEL PASTOR

Pertenezco a una generación que forjó su fe en aquella Iglesia de la Transición que nos enseñó que el Evangelio no era un rito de espaldas al mundo, sino un compromiso de manos abiertas. Crecí y me formé en una comunidad que entendía la dimensión social de la fe como un imperativo moral. Ya en la década de los ochenta, junto a más jóvenes en grupos parroquiales y arciprestales, orienté mis años de juventud a seguir sembrando esa visión de una Iglesia encarnada, libre y valiente. Ese es mi motivo, mi cuna espiritual y la razón por la que, junto a más hermanos y hermanas en la fe, decidí firmar una carta de petición de rectificación al Arzobispo de Oviedo por sus vergonzosas afirmaciones contra la regularización de personas migrantes. No lo hice por ningún tipo de disidencia sino por lealtad a la Iglesia a la que pertenezco. La mismo que, desgraciadamente, hoy veo desdibujarse en manos de quien debería ser su guía respecto de aquella en la que crecí como creyente.

La respuesta del arzobispo a aquel escrito, en forma de carta semanal publicada en la prensa, lejos de ser el diálogo fraterno que se espera de un pastor, ha supuesto una decepción. Una más de las que como creyentes llevamos padeciendo los últimos 17 años en nuestra Iglesia de Asturias. Una frustración que es la constatación de un retroceso profundo en la capacidad de escucha y en la aplicación del mensaje de Cristo.

Lo que más duele de la respuesta episcopal es el tono de descalificación hacia quienes, con el Evangelio en la mano, planteamos una discrepancia. Al tildar nuestra crítica de "ataque despiadado" o de fruto de "fobias y filias" y "fracasos personales", el arzobispo Sanz Montes rompe el principio básico de la comunión. En lugar de acoger la inquietud de sus fieles como una oportunidad de discernimiento, opta por la trinchera. Para quien creció en la fe en la Iglesia del diálogo y la apertura, ver al pastor utilizar términos como "disidencias eclesiales conocidas" es asistir a una purga ideológica que nos expulsa del corazón de la diócesis.

La respuesta del arzobispo reincide en un discurso que sitúa el límite y la sospecha por encima de la acogida. Al insistir en que "todos no caben" o en la presencia de "delitos de sangre" e "intenciones terroristas" entre quienes llegan a nuestras fronteras, Sanz Montes se alinea con una retórica de exclusión que contradice la trayectoria de hospitalidad que nos enseña a ver a Cristo en el vulnerable. La “Iglesia hospital de campaña” de Francisco y León XIV que acoge, protege, promueve e integra, se transforma, en manos de Sanz Montes, en una institución que gestiona el miedo.

La desafección que esto provoca en no pocas personas creyentes es total: es el sentimiento de que el mensaje universal del Evangelio ha sido secuestrado por una visión sectaria que prefiere levantar muros dialécticos antes que tender puentes de misericordia.

Cincuenta años después de aquella primavera eclesial en la que tantas personas crecimos en la fe, el sentimiento actual es de un invierno gélido. La respuesta del arzobispo Sanz Montes no solo no rectifica, sino que profundiza en la división. Al presentarse como víctima de una "polémica de diseño" y despreciar la voz de creyentes que claman por coherencia evangélica, demuestra que ha dejado de ser el pastor de todos para convertirse en un maestro de la separación.

Ante este escenario de desolación pastoral, cabe preguntarse qué queda de aquella siembra en la que tantos crecimos en la fe. La respuesta del arzobispo evidencia la clausura final de una etapa para instaurar una Iglesia de fronteras y miedos. Sin embargo, la verdadera Iglesia nunca ha sido propiedad de sus jerarcas, sino del Espíritu que sopla donde quiere. Quizá este tiempo de desierto y desafección sirva para recordarnos que nuestra fidelidad no es hacia una estructura que nos ignora, sino hacia una Verdad que nos libera. Aunque los muros de la curia se vuelvan sordos y el pastor olvide su oficio de consuelo, la fe que vivimos nos sigue empujando a los márgenes, allí donde la acogida no sabe de cupos ni sospechas. Al final, la historia no juzgará a la Iglesia por la firmeza de sus dogmas excluyentes, sino por la anchura de su abrazo, porque fuera de ese abrazo el Evangelio es solo una campana que suena a vacío. 

FELIPE, CUANDO "DIOS" VOTA EN BLANCO

 Hubo un tiempo en que en el PSOE no hacía falta pronunciar su nombre completo. Bastaba con decir Felipe y el aire se volvía denso, casi reverencial. Ahora, cuando ese mismo hombre anuncia que votará en blanco, la frase cae como un tañido de campana que no llama a funeral, sino a examen de conciencia. No es solo una decisión personal: es un símbolo que obliga a preguntarnos qué ocurre cuando los "dioses" de ayer deciden descender a la urna con las manos vacías.

 Un voto en blanco y una memoria que empieza a doler

Hay una tristeza que no hace ruido. No es el estruendo de la ruptura ni el portazo del traidor. Es algo más sutil: el instante en que uno descubre que el referente que ayudó a levantar la casa ahora observa desde la acera de enfrente, con gesto severo, cómo otros la siguen construyendo.

Felipe González ha anunciado que votará en blanco si Pedro Sánchez es el candidato del PSOE. La frase, en apariencia aséptica, tiene una potencia simbólica devastadora. No es solo un gesto electoral: es un posicionamiento político, histórico y emocional. Y para la militancia no es indiferente. Porque no habla un comentarista cualquiera. Habla el hombre que durante catorce años encarnó el cambio, la modernización, la entrada en Europa, la reconversión dolorosa y la hegemonía indiscutida del socialismo democrático en España. Habla quien fue acusado de autoritario, de cesarista, de dominar el partido con puño de hierro. Habla el mismo a cuyo mandato la derecha llamó “felipismo” con el mismo desprecio con el que hoy pronuncia “sanchismo”. Y ahí empieza el nudo de esta historia.

El laboratorio del desprestigio

Conviene refrescar la memoria, ahora que algunos la administran con generosa amnesia. En los años ochenta y noventa, la derecha política y mediática convirtió el término “felipismo” en un arma arrojadiza. No era una descripción: era una descalificación. Se hablaba de personalismo, de asalto institucional, de control férreo del partido, de rodillo parlamentario. Se denunciaba una supuesta degradación democrática bajo el liderazgo de González. El lenguaje era casi calcado al que hoy escuchamos contra Sánchez. Cambian los nombres. Permanece la estrategia.

Lo de “sanchismo” no es un concepto académico ni una categoría política neutral. Es un señalamiento, una etiqueta diseñada para reducir un proyecto colectivo a la voluntad caprichosa de un solo hombre. Es la misma técnica que convierte la política en psicología barata: no se debaten leyes, se caricaturiza al líder. Que esa terminología sea hoy asumida —sin matices— por quien fue víctima de la misma operación resulta, como poco, paradójico.

Felipe González supo entonces que gobernar significaba incomodar. Que ampliar derechos, reordenar el poder territorial, redefinir alianzas internacionales o enfrentarse a intereses consolidados tenía costes. Supo que la derecha no le combatiría solo en las urnas, sino en el relato. Lo soportó. Lo resistió. Y lo ganó. Por eso desconcierta que ahora valide el mismo mecanismo contra su propio partido.

Militancia y legitimidad

Hay algo más profundo que la discrepancia política: la legitimidad. Pedro Sánchez no es el producto de un dedazo ni de una conjura palaciega. Ha sido elegido reiteradamente por la militancia en procesos internos abiertos, algunos de ellos dramáticos. Ha ganado primarias, ha perdido el poder interno y lo ha recuperado desde la base. Ha gobernado en minoría, en coalición y en condiciones parlamentarias complejas. Y ha vuelto a ganar elecciones cuando muchos le daban por amortizado.

Se puede discrepar de su estrategia territorial. Se pueden discutir sus pactos. Se puede criticar su estilo. Eso es política. Lo que no parece razonable es cuestionar su legitimidad democrática desde una superioridad moral autodefinida de manera implícita en cada palabra que dios pronuncia. Porque si algo caracteriza al PSOE contemporáneo es que ha interiorizado un principio que en los años ochenta era más discutible: el liderazgo no es carismático por designación histórica, sino por refrendo interno.

La militancia no es una corte ni un coro de siervos. Es una estructura viva que debate, vota y decide. Y ha decidido. Cuando González sugiere que votará en blanco, el mensaje que se filtra no es solo una discrepancia con una candidatura concreta. Es una desautorización simbólica de esa voluntad colectiva. Y eso duele más que la crítica.

La España del cambio… y la que después cambió

Felipe gobernó una España que salía de la Transición, con un bipartidismo emergente y una derecha aún en proceso de homologación democrática. El PSOE de los ochenta construyó el Estado del bienestar, consolidó la sanidad pública, universalizó la educación, ancló el país en Europa y redefinió la relación civil-militar.

Pero esa España ya no existe. Hoy el tablero es otro. La fragmentación parlamentaria es estructural. La pluralidad territorial se expresa con mayor intensidad. La ultraderecha ha entrado en las instituciones con normalidad inquietante. El Partido Popular ha asumido dinámicas de confrontación permanente y ha integrado en su estrategia a quienes cuestionan consensos básicos. Gobernar en este contexto no es administrar mayorías absolutas, sino tejer alianzas inestables. No es pactar desde la hegemonía, sino desde la aritmética compleja. Exige pragmatismo, sí, pero también una comprensión distinta de la pluralidad española.

Acusar al actual PSOE de romper España por negociar con fuerzas periféricas ignora una evidencia histórica: el propio González pactó con nacionalistas cuando lo necesitó. Lo hizo desde su contexto y con sus reglas. Hoy el contexto es otro, pero la lógica parlamentaria sigue siendo la misma: quien no suma, no gobierna. La diferencia es que ahora el adversario no es solo una derecha conservadora, sino una derecha radicalizada que ha normalizado discursos que cuestionan derechos ya conquistados.

El abrazo incómodo

Hay una imagen que resume la incomodidad de la militancia: ver a Felipe González aplaudido con entusiasmo en los mismos foros mediáticos que durante años lo denostaron. Cuando el antiguo líder socialista es utilizado como ariete contra el PSOE actual, el gesto adquiere una dimensión frustrante. No se trata de exigir adhesión acrítica. Se trata de comprender el impacto político de las palabras. En un clima de polarización, cada declaración es munición. Y el voto en blanco de un expresidente no es un gesto íntimo: es un mensaje público con efectos estratégicos.

La derecha ha encontrado en González una validación inesperada. No porque compartan su trayectoria histórica, sino porque les resulta útil su desacuerdo presente. Y ahí es donde el análisis político debe imponerse a la nostalgia.

Determinación frente a melancolía

Es legítimo sentir decepción. La política no es una religión, pero sí genera lealtades emocionales. Cuando una figura histórica toma distancia, el desconcierto es humano. Sin embargo, la socialdemocracia no puede instalarse en la melancolía. El PSOE no puede convertirse en un partido que mira constantemente por el retrovisor buscando la foto de 1982.  La legitimidad del proyecto socialista, antes y ahora, no descansa en la comparación sentimental con cualquier pasado, sino en su capacidad para responder a los desafíos presentes: transición ecológica, desigualdad, feminismo, derechos LGTBI, cohesión territorial, digitalización, defensa del Estado social frente al avance reaccionario.

El proyecto socialista no pertenece a una generación ni a un liderazgo concreto. Es una corriente histórica que ha sabido mutar sin perder su eje: ampliar derechos y proteger a las mayorías sociales. Si en los ochenta el adversario era el atraso estructural, hoy lo es la regresión democrática. Si entonces se trataba de entrar en Europa, hoy se trata de defender la Europa social frente a los populismos identitarios. No es el mismo combate. Pero sigue siendo combate.

De los nombres a las ideas

Quizá el mayor error del debate actual sea reducirlo a nombres propios. Felipe. Pedro. Antes “felipismo”. Ahora “sanchismo”. La política madura cuando supera el personalismo y se centra en proyectos. El PSOE no es la biografía de sus líderes, sino la suma de sus decisiones colectivas. La pregunta relevante no es qué papeleta depositará González en la urna. La pregunta es qué modelo de país está en juego. Uno en el que el Estado del bienestar se fortalece, la diversidad territorial se gestiona desde la política y no desde el choque, y los derechos civiles se amplían. O uno en el que la recentralización, el cuestionamiento de consensos básicos y la involución social encuentran espacio institucional. El voto en blanco, en ese contexto, no es neutral. Es una posición que influye en el equilibrio.

Una reflexión necesaria

Tal vez el problema no sea que Felipe haya cambiado. Tal vez el problema es que el tiempo ha cambiado a todos, y no todos lo aceptan igual. La historia tiene algo cruel: convierte en pasado incluso a quienes la escribieron. Y no hay liderazgo eterno ni contexto inmutable. Lo que ayer fue audacia hoy puede parecer exceso. Lo que ayer fue pragmatismo hoy puede verse como concesión.

Pero la legitimidad democrática no es hereditaria. Se renueva en cada elección, en cada congreso, en cada voto militante. El socialismo español sobrevivió a clandestinidad, exilio, escisiones, derrotas y mayorías absolutas. Sobrevivirá también a las discrepancias de sus figuras históricas. Porque un partido no es su pasado glorioso, sino su capacidad de seguir siendo útil. Y quizá ahí resida la lección más incómoda: la política no es un monumento de bronce o un jarrón chino, es un organismo vivo. Quien la concibe como estatua termina hablando desde el pedestal o desde la esquina en la que depositamos ciertas nostalgias para que no se nos rompan. Quien la entiende como proceso acepta que otros continúen la obra.

Felipe González forma parte indeleble de la historia del PSOE y de España. Eso no lo borra un voto en blanco. Pero tampoco un voto en blanco detiene el curso de un proyecto que ha decidido seguir caminando. La cuestión no es si los referentes se detienen. La cuestión es si las ideas que defendieron siguen avanzando. Y en tiempos de incertidumbre democrática, avanzar no es una opción estética. Es una responsabilidad histórica.

¿CÓMO CRECE TU JARDÍN, ALFONSO SERRANO?

 

En el relato ¿Cómo crece tu jardín?, Agatha Christie describe un lugar impecable. Las plantas crecen rectas, los tiempos cuadran, el paisaje transmite una sensación casi pedagógica de orden. Demasiado orden. Poirot no sospecha por lo que ve, sino por lo que no debería ser posible. Un jardín tan perfecto tiene algo de impostura. Alguien fuerza lo que se ve.

La política, como los jardines, también puede manipularse. No hace falta mentir de forma burda: basta con podar las preguntas incómodas, abonar el relato conveniente y ridiculizar a quien se atreve a señalar lo que no encaja. Eso fue lo que ocurrió cuando Alfonso Serrano, portavoz del PP madrileño, respondió con un “¿y tú cómo ligas?” a una pregunta sobre la gestión de una denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles. No fue una broma desafortunada. Fue una señal.

Utilizar esa pregunta como respuesta no es ni ingenioso ni espontáneo. Es una técnica. La contrapregunta como cortina de humo, como mecanismo para desplazar el foco y convertir al mensajero en sospechoso. En lugar de explicar cómo actúa un partido ante una denuncia grave, se cuestiona la legitimidad del periodista. El problema deja de ser el acoso y pasa a ser el tono de quien pregunta. El jardín vuelve a parecer ordenado.

Este recurso no es nuevo ni aislado. Miguel Tellado lo ha convertido en estilo: “¿Quién le escribe las preguntas, sra. Intxaurrondo?” como forma de desacreditar a la prensa cuando las cuestiones apuntan a la corrupción o a la falta de explicaciones. Isabel Díaz Ayuso ha perfeccionado la pregunta retórica como arma de distracción masiva: ante un problema concreto de su gestión, la respuesta suele ser otra pregunta dirigida al Gobierno central. ¿Y Sánchez? ¿Y el PSOE? ¿Y los demás?

La constante es clara: cuando el hecho es incómodo, no se responde; se contraataca.

Pero en el caso de Móstoles hay un elemento adicional que agrava el problema: el machismo. Porque trivializar una denuncia de acoso no es solo una maniobra política, es un mensaje cultural. Convertir la cuestión en un chascarrillo —“¿y tú cómo ligas?”— implica reducir una acusación grave a una broma de barra de bar, y trasladar la idea de que el problema no es el comportamiento denunciado, sino la susceptibilidad de quien lo señala.

Ese gesto, aparentemente ligero, tiene consecuencias profundas. Refuerza la idea de que denunciar tiene un coste: el descrédito, la burla, la sospecha. Y envía un aviso claro a otras posibles denunciantes: mejor callar que exponerse al escarnio público. No es una cuestión ideológica; es una cuestión de poder.

Todos los partidos, en todos los niveles y territorios, pueden enfrentarse a casos de acoso. Ninguna organización está blindada contra comportamientos abusivos individuales. La diferencia no está en que surjan denuncias, sino en cómo se reacciona cuando surgen. Ahí es donde se mide la cultura democrática de una organización.

Y ahí es donde el PP muestra una doble vara de medir difícil de disimular.

Cuando los casos afectan a adversarios políticos, el discurso es contundente: exigencia de dimisiones inmediatas, condenas morales sin matices, apelaciones constantes al feminismo y a la ejemplaridad. Cuando el foco se acerca a casa, el tono cambia: se habla de “disputas laborales”, se pone en duda la intención de la denunciante, se ironiza, se desvía la conversación. El jardín vuelve a arreglarse a toda prisa.

En ¿Cómo crece tu jardín?, el error de quien comete el crimen fatal es la confianza excesiva en que nadie mirará con atención. Que el decorado bastará. En política ocurre algo parecido: se confía en que el ruido, la polarización y la velocidad del debate impidan detenerse en los detalles. Pero los detalles importan. Importa cómo se responde. Importa qué se dice cuando se podría haber callado. Importa, sobre todo, qué se decide no decir.

La democracia no se degrada solo con leyes injustas o decisiones autoritarias. También se erosiona cuando la rendición de cuentas se convierte en espectáculo y la responsabilidad en sarcasmo. Cuando un representante público responde con una burla a una pregunta legítima, no está siendo ingenioso: está renunciando a su función.

El problema, en última instancia, no es Alfonso Serrano ni una frase concreta. El problema es un modelo de comunicación que normaliza la frivolización de la violencia machista, que convierte las denuncias en material para el combate partidista y que utiliza la ironía como coartada para no asumir responsabilidades.

Como en el jardín de Christie, todo parece crecer con normalidad hasta que alguien se detiene y observa. Hasta que alguien se pregunta por qué las flores están demasiado alineadas, por qué los tiempos no cuadran, por qué siempre se responde con otra pregunta. Y entonces el engaño empieza a resquebrajarse porque los jardines manipulados acaban delatándose. Y las culturas políticas que banalizan el acoso, también.

La pregunta, al final, no es cómo liga nadie. La pregunta es cómo responde un partido cuando tiene que elegir entre proteger a la víctima o proteger su relato.

ASTURIAS, DEL EVANGELIO SOCIAL AL GHUETO IDEOLÓGICO

 Recuperar la Iglesia de Asturias: contra el descarte y el olvido

La Archidiócesis de Oviedo atraviesa una de las horas más críticas de su historia reciente. Como ciudadanía y personas creyentes, no podemos asistir en silencio al espectáculo de una sede episcopal convertida en trinchera partidista. Jesús Sanz Montes ha decidido pisotear la memoria de una sede que fue faro de reconciliación y justicia y situar a nuestra Iglesia de Asturias en las antípodas del Magisterio social de los Papas León XIV y Francisco, arrastrando a la comunidad hacia un callejón sin salida convirtiéndola en feudo de una ideología que desprecia la cultura del encuentro.

Resulta doloroso contrastar esa deriva actual con el legado de quienes estuvieron con anterioridad al frente de la Iglesia asturiana. ¿Dónde está la Iglesia de Gabino Díaz Merchán, aquel pastor cuya autoridad moral se forjó en las periferias sociales de su época, defendiendo la dignidad de tantas personas trabajadoras? Aquella Iglesia se involucraba sin exámenes previos y no temía mancharse las manos con la realidad social. Hoy, quien okupa el Palacio Arzobispal emite consignas que parecen redactadas en la sede de un partido de extrema derecha y catequiza desde la pureza ideológica de los muros y la exclusión.

Al calificar de "buenismo" la regularización de nuestros hermanos migrantes —personas que ya conviven, trabajan y construyen Asturias—, el arzobispo no solo desprecia el mandato evangélico de la acogida, sino que abraza la "cultura del descarte" que el Vaticano denuncia sin descanso. Sus palabras contribuyen a la creación de un gueto ideológico donde solo caben grupos movilizados por el identitarismo y la confrontación. Está convirtiendo la diócesis en una isla de exclusión donde solo caben los convencidos, los movilizados por el odio al diferente y los que confunden la cruz con la espada. Mientras él alimenta el ruido mediático, nuestras iglesias se vacían, el alma de la diócesis se apaga y el conjunto de la sociedad asturiana nos mira con una mezcla de perplejidad y rechazo.

La solución no puede esperar únicamente a que Roma mueva ficha; debe nacer de dentro. Es hora de que el clero asturiano, ese que aún cree en la dignidad del migrante y en la Iglesia de los pobres, y los laicos que aún guardan la memoria de nuestra tradición social, den un paso al frente. El silencio ante la injusticia no es prudencia, es complicidad. No basta con murmurar en las sacristías que el obispo está en las antípodas del Papa; hay que visibilizar que Asturias no es el "callejón sin salida" que Sanz Montes proyecta.

No basta con el lamento en voz baja; es imperativo que las voces que aún creen en una Iglesia que acoge, protege e integra se hagan oír en todos los ámbitos denunciando la instrumentalización política de sus parroquias. Ante la Nunciatura Apostólica también. Si no se hace nada, si nadie hace nada, el daño será irreversible.

Asturias siempre fue tierra de solidaridad, no de muros. No permitamos que la fe sea secuestrada por consignas que deshumanizan al prójimo, por un identitarismo excluyente que expulsa a quien piensa diferente. Es el momento de elegir: o se sigue al pastor que divide y descarta, o se recupera la Iglesia que acoge, protege e integra. Personalmente creo que es hora de recuperar la Iglesia que mira de frente al necesitado, la que sigue el camino marcado por el Evangelio y la que honra la memoria de una tierra forjada en la justicia social. Nuestra historia no merece este final. 

FINANCIACION AUTONÓMICA: EL DEBATE QUE DEFINE UN PAÍS

Más allá de las cifras, una reforma que pone sobre la mesa el modelo de Estado y la gestión de la diversidad territorial

España vuelve a discutir su financiación como si hablara de números, cuando en realidad habla de sí misma. La reforma planteada por el Gobierno no es solo un ajuste contable, sino un intento de adaptar el Estado autonómico a una realidad más compleja, más diversa y menos compatible con viejos moldes uniformes.

Hay debates que se presentan como técnicos para no confesar que son políticos. El de la financiación autonómica es uno de ellos. Bajo la maraña de coeficientes, fondos de nivelación y tramos de edad se esconde, en realidad, una pregunta mucho más incómoda: qué España queremos gobernar en el siglo XXI y con qué reglas.

La reforma del modelo de financiación, caducada desde 2014 y rescatada ahora por el Gobierno para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no llega tarde: llega cuando ya no podía demorarse más. No por capricho ideológico, sino por agotamiento del sistema. Porque la igualdad teórica ha terminado produciendo desigualdad real. Y porque los modelos que no se revisan acaban convirtiéndose en dogmas contables con efectos muy poco espirituales.

La técnica como coartada… o como herramienta

Conviene empezar desmontando una de las ficciones más repetidas en este debate: la de que el Gobierno ha improvisado una propuesta ideológica disfrazada de números. Nada más lejos de la realidad. El núcleo técnico del nuevo modelo bebe directamente del Informe de la Comisión de Expertos de 2017, encargado —conviene no olvidarlo— por un Ejecutivo del Partido Popular.

Allí estaban ya muchas de las claves que hoy se discuten con dramatismo impostado: una medición más precisa de la población ajustada, el reconocimiento del impacto del envejecimiento y la cronicidad en el gasto sanitario, o una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Entonces eran recomendaciones sensatas, técnicas, casi asépticas. Hoy, curiosamente, se han convertido en cesiones inaceptables. La técnica, como la Constitución según quién la cite, cambia de sentido cuando cambia el atril.

La propuesta del Gobierno afina donde antes se simplificaba: pasa de siete a veinte tramos de edad para calcular el coste real de los servicios públicos y pone cifras encima de la mesa —más de 20.900 millones de euros adicionales a partir de 2027— para que el acuerdo no sea solo retórico. La técnica, aquí, no es una excusa: es un intento de desbloqueo. Y también un espejo incómodo para quienes hoy se miran en él y no se reconocen.

La Declaración de Santiago: del consenso compartido a la munición política

Hay otro elemento que ha pasado de ser referencia técnica a convertirse en argumento arrojadizo: la Declaración de Santiago, firmada en 2021 por varias comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por el PSOE. Nacida como un intento de fijar una posición común ante la urgente reforma del sistema de financiación, hoy ese texto corre el riesgo de ser utilizado como palanca política contra el Gobierno central y, de paso, aunque haya quien pueda no ser consciente de ello, contra los propios ejecutivos socialistas que lo suscribieron.

Lo que entonces fue un ejercicio de cooperación institucional se ha reinterpretado ahora como una pieza de acusación selectiva: se invoca la Declaración no para avanzar en sus contenidos, sino para señalar contradicciones, forzar alineamientos y convertir un documento de consenso en un arma dialéctica. La transversalidad original ha quedado sepultada bajo la lógica de bloques, y el texto se cita más como consigna que como compromiso.

Aquel documento reclamaba, con un lenguaje más jurídico que retórico, una reforma inmediata del sistema. En uno de sus párrafos centrales se afirmaba literalmente la necesidad de “avanzar hacia un modelo de financiación autonómica basado en criterios objetivos de población ajustada, que tenga en cuenta variables como el envejecimiento, la dispersión geográfica, la despoblación y los costes efectivos de prestación de los servicios públicos fundamentales, garantizando la suficiencia financiera y la equidad interterritorial”. No hablaba de privilegios ni de excepcionalidades, sino de realismo financiero y corresponsabilidad institucional.

Buena parte de esas demandas están hoy incorporadas en la propuesta del Gobierno: desde el refinamiento de la población ajustada hasta el reconocimiento explícito de los sobrecostes estructurales que soportan determinadas comunidades. Lo paradójico es que quienes hoy enarbolan la Declaración como reproche político lo hacen contra un Ejecutivo que, en términos estrictamente técnicos, está aplicando buena parte de lo que aquel texto defendía.

El mito del café para todos

El bloqueo no es técnico. Es político. Y tiene raíces profundas. Desde hace años, una parte del debate público sigue instalada en una lectura congelada de la Transición, como si el Estado autonómico fuera una foto fija y no un organismo vivo, con arrugas nuevas y problemas distintos.

La sentencia que tumbó la LOAPA ya dejó claro que España no es —ni puede ser— un sistema homogéneo. Las competencias son distintas, las realidades sociales también, y pretender que la financiación ignore esa diversidad es una forma elegante de perpetuar la desigualdad. El “café para todos” ha terminado siendo, para algunos territorios, un descafeinado largo servido en vaso pequeño… y para otros, directamente, una cuenta sin pagar.

El PSOE, con todas sus contradicciones históricas, ha sido el partido que más claramente ha asumido esta evidencia: la asimetría no es una anomalía, sino una característica estructural del Estado autonómico. Las declaraciones de Granada y Barcelona no fueron fuegos de artificio, sino el reconocimiento explícito de una España plural que no cabe en moldes rígidos, por mucho que esos moldes se presenten como garantes de la unidad y se defiendan con nostalgia administrativa.

La introducción de la voluntariedad —permitir que las comunidades decidan si se incorporan al nuevo modelo— no es una ruptura del sistema común, sino un mecanismo de encaje. Un traje a medida dentro de un armario compartido, que no obliga a nadie a vestirse con la ropa del vecino ni a desfilar con ella.

Ordinalidad, nivelación y miedos cruzados

Buena parte de la resistencia se articula alrededor de dos conceptos que funcionan más como consignas que como realidades jurídicas.

Por un lado, el fondo de nivelación transitorio que propugna el PP, reclamado por comunidades históricamente infrafinanciadas. Es una reivindicación comprensible, avalada por informes de la AIReF, pero no exenta de tensiones territoriales. Porque mientras unas regiones reclaman recursos por población, otras soportan el coste silencioso de la dispersión, el envejecimiento extremo y la orografía. La igualdad, cuando se mide mal, también discrimina.

Por otro, el fantasma de la ordinalidad, un término que no aparece en los documentos oficiales ni como concepto ni, mucho menos, como principio, pero sí en los discursos inflamados. El temor de fondo es que regular la posición de quienes más aportan erosione el principio básico de nivelación: que los servicios públicos esenciales no dependan del código postal. Como si la solidaridad fuera una escalera por la que solo se puede bajar, nunca subir, y siempre mirando quién pisa el último peldaño.

Aquí convendría bajar el tono y subir el rigor. La propuesta del Gobierno no elimina la redistribución ni consagra privilegios fiscales. Lo que hace es reconocer que la solidaridad no puede ser un castigo ni una trampa, porque entonces deja de ser sostenible políticamente. Y porque ningún sistema aguanta demasiado tiempo si se basa en la sospecha permanente y en el recuento obsesivo de agravios.

Dos modelos de país, una decisión pendiente

Al final, el debate de 2026 no enfrenta cifras, sino concepciones de Estado.

De un lado, una visión que aspira a una multilateralidad obligatoria y uniforme, como si la igualdad formal bastara para garantizar la cohesión real. Del otro, la del Gobierno, que asume que la estabilidad territorial pasa hoy por gestionar la diversidad con flexibilidad, incluso a costa de asumir mayor complejidad institucional. España no es un problema de suma cero, aunque algunos sigan haciendo las cuentas como si lo fuera y pasaran la factura siempre al mismo.

El Ejecutivo ha optado por la vía difícil: mejorar la técnica, aumentar los recursos y aceptar que el modelo resultante no será simple ni simétrico. La oposición, en cambio, ha preferido atrincherarse en una idea de igualdad que ya no responde a la realidad social ni demográfica del país, pero que sigue funcionando muy bien como consigna electoral y como refugio retórico.

Una conclusión incómoda

No estamos ante un simple ajuste financiero. Estamos ante un cambio de paradigma. Aceptar esta reforma significa asumir que la España uniforme de la LOFCA pertenece más al pasado que al presente. Rechazarla implica prolongar un sistema que proclama igualdad mientras genera agravios y convierte el debate territorial en un bucle sin salida.

La pregunta, en el fondo, es sencilla y profundamente política:
¿preferimos un modelo rígido que garantiza una igualdad teórica pero produce infrafinanciación real, o uno más flexible que reconoce la singularidad a cambio de más recursos y mayor estabilidad?

En 2026, la respuesta a esa pregunta no define solo un sistema de financiación. Define el país que estamos dispuestos a sostener… y también el que algunos prefieren no revisar para no tener que explicarlo.

GOBERNAR LA VIVIENDA: SOCIALDEMOCRACIA Y PODER PÚBLICO EN ACCIÓN

 

La política de vivienda como prueba decisiva de una izquierda que aspira a transformar la realidad desde el gobierno y no solo a enunciar derechos

La socialdemocracia se juega hoy su credibilidad no en los grandes discursos, sino en su capacidad para ejercer el poder público con eficacia sobre los conflictos cotidianos. La vivienda es el más urgente de ellos y también el que mejor revela si la izquierda está dispuesta a gobernar la realidad o a refugiarse en la comodidad del diagnóstico.

En el escenario político español de 2026, la vivienda ha dejado definitivamente de ser un asunto sectorial para convertirse en un termómetro de la estabilidad social y de la credibilidad de las políticas públicas. Durante décadas tratada como un activo financiero más, hoy se ha instalado en el centro del debate político como una cuestión de justicia material. El reciente anuncio del Gobierno de una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que congelen las rentas al renovar contratos no es solo una medida fiscal: es una declaración de intenciones sobre cómo entiende la izquierda su papel en un tiempo de tensiones económicas, polarización ideológica y fatiga ciudadana.

La iniciativa no surge en el vacío. Forma parte del núcleo de la ponencia política aprobada por el PSOE en su 41º Congreso Federal, donde el partido asumió que la vivienda debía convertirse en el corazón de la acción de gobierno. El giro es significativo: se pasa de una apelación abstracta al derecho constitucional a la vivienda a una arquitectura concreta de incentivos fiscales masivos. No se trata tanto de renunciar a la regulación como de complementarla con instrumentos capaces de producir efectos inmediatos. La ambición es clara: construir una hegemonía política basada en el pragmatismo institucional y en la protección efectiva de la mayoría social, sin fracturar el marco jurídico ni alimentar conflictos territoriales.

Desde una óptica progresista y explícitamente socialdemócrata, esta estrategia merece una lectura menos defensiva y más afirmativa de la que ha dominado parte del debate. No estamos ante una retirada del Estado, sino ante una forma distinta de intervención. En un país donde las políticas de vivienda tropiezan con recursos judiciales, resistencias autonómicas y una litigiosidad creciente, el incentivo fiscal se presenta como un instrumento de eficacia inmediata. Frente a las propuestas de máximos de otros sectores de la izquierda —coherentes en lo ideológico, pero a menudo ineficaces en la práctica—, la bonificación del IRPF actúa sobre la realidad cotidiana del inquilino sin necesidad de largos desarrollos normativos ni de batallas competenciales.

Utilidad frente a retórica

La política pública, en la mejor tradición socialdemócrata europea, no se mide únicamente por la nobleza de sus principios, sino por su capacidad para mejorar de manera tangible la vida de quienes ocupan posiciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, la bonificación fiscal es una medida eminentemente útil. Al apoyarse en la fiscalidad estatal, esquiva dos de los grandes obstáculos del actual sistema político español. Por un lado, reduce la inseguridad jurídica: al no imponer topes coercitivos, evita la confrontación directa con el Tribunal Constitucional y permite que el ahorro para el inquilino sea efectivo desde el primer día de la renovación contractual. Por otro, neutraliza el sabotaje autonómico: al canalizarse a través del IRPF, la medida alcanza a todos los contribuyentes, con independencia del color político del gobierno regional, y protege a los ciudadanos que viven en territorios donde la Ley de Vivienda se aplica de forma parcial o directamente se ignora.

Esta lógica de utilidad no es menor. En un contexto de inflación acumulada y de salarios que no siempre acompañan el encarecimiento del alquiler, cualquier política que aspire a ser progresista debe ser evaluada por su impacto real y no solo por su coherencia doctrinal. La congelación incentivada de las rentas no resuelve el problema estructural de la vivienda, pero introduce un dique de contención frente a su deterioro acelerado.

Desactivar la polarización

La propuesta socialista tiene, además, una dimensión política e ideológica que trasciende lo estrictamente económico y reivindica una forma concreta de ejercer el poder desde la izquierda de gobierno. En una España donde la derecha y la extrema derecha han convertido el derecho a la propiedad en una trinchera cultural, el uso del incentivo fiscal funciona como un cortafuegos frente a la polarización. Al sustituir la lógica del castigo por la del estímulo, el Gobierno desarma buena parte del relato alarmista en torno a la llamada “inquiokupación”, un término construido para criminalizar al inquilino vulnerable y generar miedo entre los pequeños propietarios.

Cuando el Estado se presenta como aliado del arrendador responsable, ese discurso pierde eficacia. Es difícil sostener una narrativa de caos y desprotección de la propiedad cuando el pequeño propietario percibe que la administración le compensa fiscalmente por contribuir a la estabilidad social. La medida no solo incentiva precios moderados, sino que crea un marco de confianza que reduce el conflicto entre las partes y rebaja la temperatura de un debate que ha sido deliberadamente inflamado.

El quinto pilar

Elevar la vivienda a la categoría de quinto pilar del Estado del bienestar —una aspiración clásica de la socialdemocracia que el PSOE asume ahora sin ambigüedades— exige algo más que declaraciones simbólicas. Requiere integrar la política de vivienda en el sistema redistributivo del Estado, como ya ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. La propuesta de 2026 avanza en esa dirección al utilizar la recaudación del IRPF para subvencionar, de facto, la congelación de precios del alquiler. El Estado asume así el coste del lucro cesante del propietario para evitar que la renta disponible de las familias trabajadoras siga erosionándose.

Se trata de una forma de justicia redistributiva indirecta, acorde con la tradición socialdemócrata europea: proteger al más débil sin generar una fractura social ni cuestionar la seguridad jurídica. No es una solución definitiva, pero sí una pieza coherente dentro de una estrategia más amplia que debería incluir aumento del parque público, rehabilitación urbana y planificación a largo plazo.

Pragmatismo y responsabilidad

Desde posiciones progresistas y socialdemócratas es legítimo, y necesario, aspirar a una regulación más ambiciosa que ponga freno a la especulación inmobiliaria, pero también asumir las condiciones materiales en las que se gobierna. Pero la política, especialmente en contextos de alta tensión institucional, es también el arte de lo posible. La bonificación fiscal propuesta por el PSOE es un ejercicio de responsabilidad que reconoce las limitaciones del momento y actúa en consecuencia.

Frente a la parálisis que generan las posturas maximalistas y al ruido constante en torno a la ocupación y la inseguridad, la medida ofrece una respuesta concreta, ejecutable y jurídicamente sólida. No es solo una decisión económica, sino una toma de posición política: afirmar que el Estado puede intervenir para proteger a sus ciudadanos sin romper la convivencia ni alimentar la inseguridad jurídica. En la batalla por la vivienda digna, la utilidad no es una claudicación; es, hoy, la forma más honesta de justicia social.

Desde esta perspectiva, la propuesta del PSOE no solo interpela a su electorado, sino al conjunto de una izquierda que aspira a seguir siendo mayoritaria. Gobernar desde la socialdemocracia implica asumir que el poder público debe moldear el mercado cuando este falla, pero hacerlo con instrumentos que funcionen, que resistan el escrutinio jurídico y que no rompan los consensos básicos de convivencia. La vivienda no admite gestos simbólicos ni soluciones diferidas: exige decisiones que protejan hoy a quienes viven de su salario. En ese terreno, la intervención eficaz no es una concesión al pragmatismo, sino la expresión más madura de una izquierda que entiende que la justicia social no se proclama, se ejecuta.