ASTURIAS, DEL EVANGELIO SOCIAL AL GHUETO IDEOLÓGICO

 Recuperar la Iglesia de Asturias: contra el descarte y el olvido

La Archidiócesis de Oviedo atraviesa una de las horas más críticas de su historia reciente. Como ciudadanía y personas creyentes, no podemos asistir en silencio al espectáculo de una sede episcopal convertida en trinchera partidista. Jesús Sanz Montes ha decidido pisotear la memoria de una sede que fue faro de reconciliación y justicia y situar a nuestra Iglesia de Asturias en las antípodas del Magisterio social de los Papas León XIV y Francisco, arrastrando a la comunidad hacia un callejón sin salida convirtiéndola en feudo de una ideología que desprecia la cultura del encuentro.

Resulta doloroso contrastar esa deriva actual con el legado de quienes estuvieron con anterioridad al frente de la Iglesia asturiana. ¿Dónde está la Iglesia de Gabino Díaz Merchán, aquel pastor cuya autoridad moral se forjó en las periferias sociales de su época, defendiendo la dignidad de tantas personas trabajadoras? Aquella Iglesia se involucraba sin exámenes previos y no temía mancharse las manos con la realidad social. Hoy, quien okupa el Palacio Arzobispal emite consignas que parecen redactadas en la sede de un partido de extrema derecha y catequiza desde la pureza ideológica de los muros y la exclusión.

Al calificar de "buenismo" la regularización de nuestros hermanos migrantes —personas que ya conviven, trabajan y construyen Asturias—, el arzobispo no solo desprecia el mandato evangélico de la acogida, sino que abraza la "cultura del descarte" que el Vaticano denuncia sin descanso. Sus palabras contribuyen a la creación de un gueto ideológico donde solo caben grupos movilizados por el identitarismo y la confrontación. Está convirtiendo la diócesis en una isla de exclusión donde solo caben los convencidos, los movilizados por el odio al diferente y los que confunden la cruz con la espada. Mientras él alimenta el ruido mediático, nuestras iglesias se vacían, el alma de la diócesis se apaga y el conjunto de la sociedad asturiana nos mira con una mezcla de perplejidad y rechazo.

La solución no puede esperar únicamente a que Roma mueva ficha; debe nacer de dentro. Es hora de que el clero asturiano, ese que aún cree en la dignidad del migrante y en la Iglesia de los pobres, y los laicos que aún guardan la memoria de nuestra tradición social, den un paso al frente. El silencio ante la injusticia no es prudencia, es complicidad. No basta con murmurar en las sacristías que el obispo está en las antípodas del Papa; hay que visibilizar que Asturias no es el "callejón sin salida" que Sanz Montes proyecta.

No basta con el lamento en voz baja; es imperativo que las voces que aún creen en una Iglesia que acoge, protege e integra se hagan oír en todos los ámbitos denunciando la instrumentalización política de sus parroquias. Ante la Nunciatura Apostólica también. Si no se hace nada, si nadie hace nada, el daño será irreversible.

Asturias siempre fue tierra de solidaridad, no de muros. No permitamos que la fe sea secuestrada por consignas que deshumanizan al prójimo, por un identitarismo excluyente que expulsa a quien piensa diferente. Es el momento de elegir: o se sigue al pastor que divide y descarta, o se recupera la Iglesia que acoge, protege e integra. Personalmente creo que es hora de recuperar la Iglesia que mira de frente al necesitado, la que sigue el camino marcado por el Evangelio y la que honra la memoria de una tierra forjada en la justicia social. Nuestra historia no merece este final. 

FINANCIACION AUTONÓMICA: EL DEBATE QUE DEFINE UN PAÍS

Más allá de las cifras, una reforma que pone sobre la mesa el modelo de Estado y la gestión de la diversidad territorial

España vuelve a discutir su financiación como si hablara de números, cuando en realidad habla de sí misma. La reforma planteada por el Gobierno no es solo un ajuste contable, sino un intento de adaptar el Estado autonómico a una realidad más compleja, más diversa y menos compatible con viejos moldes uniformes.

Hay debates que se presentan como técnicos para no confesar que son políticos. El de la financiación autonómica es uno de ellos. Bajo la maraña de coeficientes, fondos de nivelación y tramos de edad se esconde, en realidad, una pregunta mucho más incómoda: qué España queremos gobernar en el siglo XXI y con qué reglas.

La reforma del modelo de financiación, caducada desde 2014 y rescatada ahora por el Gobierno para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no llega tarde: llega cuando ya no podía demorarse más. No por capricho ideológico, sino por agotamiento del sistema. Porque la igualdad teórica ha terminado produciendo desigualdad real. Y porque los modelos que no se revisan acaban convirtiéndose en dogmas contables con efectos muy poco espirituales.

La técnica como coartada… o como herramienta

Conviene empezar desmontando una de las ficciones más repetidas en este debate: la de que el Gobierno ha improvisado una propuesta ideológica disfrazada de números. Nada más lejos de la realidad. El núcleo técnico del nuevo modelo bebe directamente del Informe de la Comisión de Expertos de 2017, encargado —conviene no olvidarlo— por un Ejecutivo del Partido Popular.

Allí estaban ya muchas de las claves que hoy se discuten con dramatismo impostado: una medición más precisa de la población ajustada, el reconocimiento del impacto del envejecimiento y la cronicidad en el gasto sanitario, o una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Entonces eran recomendaciones sensatas, técnicas, casi asépticas. Hoy, curiosamente, se han convertido en cesiones inaceptables. La técnica, como la Constitución según quién la cite, cambia de sentido cuando cambia el atril.

La propuesta del Gobierno afina donde antes se simplificaba: pasa de siete a veinte tramos de edad para calcular el coste real de los servicios públicos y pone cifras encima de la mesa —más de 20.900 millones de euros adicionales a partir de 2027— para que el acuerdo no sea solo retórico. La técnica, aquí, no es una excusa: es un intento de desbloqueo. Y también un espejo incómodo para quienes hoy se miran en él y no se reconocen.

La Declaración de Santiago: del consenso compartido a la munición política

Hay otro elemento que ha pasado de ser referencia técnica a convertirse en argumento arrojadizo: la Declaración de Santiago, firmada en 2021 por varias comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por el PSOE. Nacida como un intento de fijar una posición común ante la urgente reforma del sistema de financiación, hoy ese texto corre el riesgo de ser utilizado como palanca política contra el Gobierno central y, de paso, aunque haya quien pueda no ser consciente de ello, contra los propios ejecutivos socialistas que lo suscribieron.

Lo que entonces fue un ejercicio de cooperación institucional se ha reinterpretado ahora como una pieza de acusación selectiva: se invoca la Declaración no para avanzar en sus contenidos, sino para señalar contradicciones, forzar alineamientos y convertir un documento de consenso en un arma dialéctica. La transversalidad original ha quedado sepultada bajo la lógica de bloques, y el texto se cita más como consigna que como compromiso.

Aquel documento reclamaba, con un lenguaje más jurídico que retórico, una reforma inmediata del sistema. En uno de sus párrafos centrales se afirmaba literalmente la necesidad de “avanzar hacia un modelo de financiación autonómica basado en criterios objetivos de población ajustada, que tenga en cuenta variables como el envejecimiento, la dispersión geográfica, la despoblación y los costes efectivos de prestación de los servicios públicos fundamentales, garantizando la suficiencia financiera y la equidad interterritorial”. No hablaba de privilegios ni de excepcionalidades, sino de realismo financiero y corresponsabilidad institucional.

Buena parte de esas demandas están hoy incorporadas en la propuesta del Gobierno: desde el refinamiento de la población ajustada hasta el reconocimiento explícito de los sobrecostes estructurales que soportan determinadas comunidades. Lo paradójico es que quienes hoy enarbolan la Declaración como reproche político lo hacen contra un Ejecutivo que, en términos estrictamente técnicos, está aplicando buena parte de lo que aquel texto defendía.

El mito del café para todos

El bloqueo no es técnico. Es político. Y tiene raíces profundas. Desde hace años, una parte del debate público sigue instalada en una lectura congelada de la Transición, como si el Estado autonómico fuera una foto fija y no un organismo vivo, con arrugas nuevas y problemas distintos.

La sentencia que tumbó la LOAPA ya dejó claro que España no es —ni puede ser— un sistema homogéneo. Las competencias son distintas, las realidades sociales también, y pretender que la financiación ignore esa diversidad es una forma elegante de perpetuar la desigualdad. El “café para todos” ha terminado siendo, para algunos territorios, un descafeinado largo servido en vaso pequeño… y para otros, directamente, una cuenta sin pagar.

El PSOE, con todas sus contradicciones históricas, ha sido el partido que más claramente ha asumido esta evidencia: la asimetría no es una anomalía, sino una característica estructural del Estado autonómico. Las declaraciones de Granada y Barcelona no fueron fuegos de artificio, sino el reconocimiento explícito de una España plural que no cabe en moldes rígidos, por mucho que esos moldes se presenten como garantes de la unidad y se defiendan con nostalgia administrativa.

La introducción de la voluntariedad —permitir que las comunidades decidan si se incorporan al nuevo modelo— no es una ruptura del sistema común, sino un mecanismo de encaje. Un traje a medida dentro de un armario compartido, que no obliga a nadie a vestirse con la ropa del vecino ni a desfilar con ella.

Ordinalidad, nivelación y miedos cruzados

Buena parte de la resistencia se articula alrededor de dos conceptos que funcionan más como consignas que como realidades jurídicas.

Por un lado, el fondo de nivelación transitorio que propugna el PP, reclamado por comunidades históricamente infrafinanciadas. Es una reivindicación comprensible, avalada por informes de la AIReF, pero no exenta de tensiones territoriales. Porque mientras unas regiones reclaman recursos por población, otras soportan el coste silencioso de la dispersión, el envejecimiento extremo y la orografía. La igualdad, cuando se mide mal, también discrimina.

Por otro, el fantasma de la ordinalidad, un término que no aparece en los documentos oficiales ni como concepto ni, mucho menos, como principio, pero sí en los discursos inflamados. El temor de fondo es que regular la posición de quienes más aportan erosione el principio básico de nivelación: que los servicios públicos esenciales no dependan del código postal. Como si la solidaridad fuera una escalera por la que solo se puede bajar, nunca subir, y siempre mirando quién pisa el último peldaño.

Aquí convendría bajar el tono y subir el rigor. La propuesta del Gobierno no elimina la redistribución ni consagra privilegios fiscales. Lo que hace es reconocer que la solidaridad no puede ser un castigo ni una trampa, porque entonces deja de ser sostenible políticamente. Y porque ningún sistema aguanta demasiado tiempo si se basa en la sospecha permanente y en el recuento obsesivo de agravios.

Dos modelos de país, una decisión pendiente

Al final, el debate de 2026 no enfrenta cifras, sino concepciones de Estado.

De un lado, una visión que aspira a una multilateralidad obligatoria y uniforme, como si la igualdad formal bastara para garantizar la cohesión real. Del otro, la del Gobierno, que asume que la estabilidad territorial pasa hoy por gestionar la diversidad con flexibilidad, incluso a costa de asumir mayor complejidad institucional. España no es un problema de suma cero, aunque algunos sigan haciendo las cuentas como si lo fuera y pasaran la factura siempre al mismo.

El Ejecutivo ha optado por la vía difícil: mejorar la técnica, aumentar los recursos y aceptar que el modelo resultante no será simple ni simétrico. La oposición, en cambio, ha preferido atrincherarse en una idea de igualdad que ya no responde a la realidad social ni demográfica del país, pero que sigue funcionando muy bien como consigna electoral y como refugio retórico.

Una conclusión incómoda

No estamos ante un simple ajuste financiero. Estamos ante un cambio de paradigma. Aceptar esta reforma significa asumir que la España uniforme de la LOFCA pertenece más al pasado que al presente. Rechazarla implica prolongar un sistema que proclama igualdad mientras genera agravios y convierte el debate territorial en un bucle sin salida.

La pregunta, en el fondo, es sencilla y profundamente política:
¿preferimos un modelo rígido que garantiza una igualdad teórica pero produce infrafinanciación real, o uno más flexible que reconoce la singularidad a cambio de más recursos y mayor estabilidad?

En 2026, la respuesta a esa pregunta no define solo un sistema de financiación. Define el país que estamos dispuestos a sostener… y también el que algunos prefieren no revisar para no tener que explicarlo.

GOBERNAR LA VIVIENDA: SOCIALDEMOCRACIA Y PODER PÚBLICO EN ACCIÓN

 

La política de vivienda como prueba decisiva de una izquierda que aspira a transformar la realidad desde el gobierno y no solo a enunciar derechos

La socialdemocracia se juega hoy su credibilidad no en los grandes discursos, sino en su capacidad para ejercer el poder público con eficacia sobre los conflictos cotidianos. La vivienda es el más urgente de ellos y también el que mejor revela si la izquierda está dispuesta a gobernar la realidad o a refugiarse en la comodidad del diagnóstico.

En el escenario político español de 2026, la vivienda ha dejado definitivamente de ser un asunto sectorial para convertirse en un termómetro de la estabilidad social y de la credibilidad de las políticas públicas. Durante décadas tratada como un activo financiero más, hoy se ha instalado en el centro del debate político como una cuestión de justicia material. El reciente anuncio del Gobierno de una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que congelen las rentas al renovar contratos no es solo una medida fiscal: es una declaración de intenciones sobre cómo entiende la izquierda su papel en un tiempo de tensiones económicas, polarización ideológica y fatiga ciudadana.

La iniciativa no surge en el vacío. Forma parte del núcleo de la ponencia política aprobada por el PSOE en su 41º Congreso Federal, donde el partido asumió que la vivienda debía convertirse en el corazón de la acción de gobierno. El giro es significativo: se pasa de una apelación abstracta al derecho constitucional a la vivienda a una arquitectura concreta de incentivos fiscales masivos. No se trata tanto de renunciar a la regulación como de complementarla con instrumentos capaces de producir efectos inmediatos. La ambición es clara: construir una hegemonía política basada en el pragmatismo institucional y en la protección efectiva de la mayoría social, sin fracturar el marco jurídico ni alimentar conflictos territoriales.

Desde una óptica progresista y explícitamente socialdemócrata, esta estrategia merece una lectura menos defensiva y más afirmativa de la que ha dominado parte del debate. No estamos ante una retirada del Estado, sino ante una forma distinta de intervención. En un país donde las políticas de vivienda tropiezan con recursos judiciales, resistencias autonómicas y una litigiosidad creciente, el incentivo fiscal se presenta como un instrumento de eficacia inmediata. Frente a las propuestas de máximos de otros sectores de la izquierda —coherentes en lo ideológico, pero a menudo ineficaces en la práctica—, la bonificación del IRPF actúa sobre la realidad cotidiana del inquilino sin necesidad de largos desarrollos normativos ni de batallas competenciales.

Utilidad frente a retórica

La política pública, en la mejor tradición socialdemócrata europea, no se mide únicamente por la nobleza de sus principios, sino por su capacidad para mejorar de manera tangible la vida de quienes ocupan posiciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, la bonificación fiscal es una medida eminentemente útil. Al apoyarse en la fiscalidad estatal, esquiva dos de los grandes obstáculos del actual sistema político español. Por un lado, reduce la inseguridad jurídica: al no imponer topes coercitivos, evita la confrontación directa con el Tribunal Constitucional y permite que el ahorro para el inquilino sea efectivo desde el primer día de la renovación contractual. Por otro, neutraliza el sabotaje autonómico: al canalizarse a través del IRPF, la medida alcanza a todos los contribuyentes, con independencia del color político del gobierno regional, y protege a los ciudadanos que viven en territorios donde la Ley de Vivienda se aplica de forma parcial o directamente se ignora.

Esta lógica de utilidad no es menor. En un contexto de inflación acumulada y de salarios que no siempre acompañan el encarecimiento del alquiler, cualquier política que aspire a ser progresista debe ser evaluada por su impacto real y no solo por su coherencia doctrinal. La congelación incentivada de las rentas no resuelve el problema estructural de la vivienda, pero introduce un dique de contención frente a su deterioro acelerado.

Desactivar la polarización

La propuesta socialista tiene, además, una dimensión política e ideológica que trasciende lo estrictamente económico y reivindica una forma concreta de ejercer el poder desde la izquierda de gobierno. En una España donde la derecha y la extrema derecha han convertido el derecho a la propiedad en una trinchera cultural, el uso del incentivo fiscal funciona como un cortafuegos frente a la polarización. Al sustituir la lógica del castigo por la del estímulo, el Gobierno desarma buena parte del relato alarmista en torno a la llamada “inquiokupación”, un término construido para criminalizar al inquilino vulnerable y generar miedo entre los pequeños propietarios.

Cuando el Estado se presenta como aliado del arrendador responsable, ese discurso pierde eficacia. Es difícil sostener una narrativa de caos y desprotección de la propiedad cuando el pequeño propietario percibe que la administración le compensa fiscalmente por contribuir a la estabilidad social. La medida no solo incentiva precios moderados, sino que crea un marco de confianza que reduce el conflicto entre las partes y rebaja la temperatura de un debate que ha sido deliberadamente inflamado.

El quinto pilar

Elevar la vivienda a la categoría de quinto pilar del Estado del bienestar —una aspiración clásica de la socialdemocracia que el PSOE asume ahora sin ambigüedades— exige algo más que declaraciones simbólicas. Requiere integrar la política de vivienda en el sistema redistributivo del Estado, como ya ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. La propuesta de 2026 avanza en esa dirección al utilizar la recaudación del IRPF para subvencionar, de facto, la congelación de precios del alquiler. El Estado asume así el coste del lucro cesante del propietario para evitar que la renta disponible de las familias trabajadoras siga erosionándose.

Se trata de una forma de justicia redistributiva indirecta, acorde con la tradición socialdemócrata europea: proteger al más débil sin generar una fractura social ni cuestionar la seguridad jurídica. No es una solución definitiva, pero sí una pieza coherente dentro de una estrategia más amplia que debería incluir aumento del parque público, rehabilitación urbana y planificación a largo plazo.

Pragmatismo y responsabilidad

Desde posiciones progresistas y socialdemócratas es legítimo, y necesario, aspirar a una regulación más ambiciosa que ponga freno a la especulación inmobiliaria, pero también asumir las condiciones materiales en las que se gobierna. Pero la política, especialmente en contextos de alta tensión institucional, es también el arte de lo posible. La bonificación fiscal propuesta por el PSOE es un ejercicio de responsabilidad que reconoce las limitaciones del momento y actúa en consecuencia.

Frente a la parálisis que generan las posturas maximalistas y al ruido constante en torno a la ocupación y la inseguridad, la medida ofrece una respuesta concreta, ejecutable y jurídicamente sólida. No es solo una decisión económica, sino una toma de posición política: afirmar que el Estado puede intervenir para proteger a sus ciudadanos sin romper la convivencia ni alimentar la inseguridad jurídica. En la batalla por la vivienda digna, la utilidad no es una claudicación; es, hoy, la forma más honesta de justicia social.

Desde esta perspectiva, la propuesta del PSOE no solo interpela a su electorado, sino al conjunto de una izquierda que aspira a seguir siendo mayoritaria. Gobernar desde la socialdemocracia implica asumir que el poder público debe moldear el mercado cuando este falla, pero hacerlo con instrumentos que funcionen, que resistan el escrutinio jurídico y que no rompan los consensos básicos de convivencia. La vivienda no admite gestos simbólicos ni soluciones diferidas: exige decisiones que protejan hoy a quienes viven de su salario. En ese terreno, la intervención eficaz no es una concesión al pragmatismo, sino la expresión más madura de una izquierda que entiende que la justicia social no se proclama, se ejecuta.

La fe en el escaparate.

2025 ha sido el año en que se nos ha vendido un renacer espiritual al calor de fenómenos de masas, incluido cierto exhibicionismo sobre la fe en alguna cena navideña y concierto en la Puerta del Sol. En un tiempo de espiritualidad estética y ese tipo de emociones compartidas, la fe corre el riesgo de diluirse en una experiencia cómoda y políticamente inofensiva. En este texto reflexiono sobre la distancia entre la fe que emociona y la que compromete, y sobre el precio que la Iglesia está dispuesta a pagar cuando confunde neutralidad con silencio y estética con Evangelio.

Estética, justicia y la tentación de una fe sin barro

Cerramos 2025 navegando —otra vez— en el mar líquido de Zygmunt Bauman. Un océano donde las identidades se diluyen, los compromisos se debilitan y casi todo, incluida la fe, adopta la textura amable de lo efímero. La religión corre así el riesgo de convertirse en una experiencia emocionalmente reconfortante pero políticamente inofensiva: acompaña, emociona, consuela… pero apenas incomoda.

Nunca la espiritualidad había sido tan visible ni tan atractiva. Himnos virales, conciertos multitudinarios, iconografías religiosas recicladas por el pop y amplificadas en el feed. Lo sagrado ha regresado al espacio público envuelto en estética, ritmo y emoción compartida. Es un fenómeno real y no despreciable. La pregunta, sin embargo, sigue siendo la misma: ¿basta con sentir para creer?

La fe líquida —hija legítima de la modernidad líquida— funciona como refugio emocional en tiempos de incertidumbre. Se consume porque “me hace sentir bien”. No pide cuentas, no exige conflicto, no reclama compromiso. Puede habitar sin fricciones en centros comerciales y festivales, sin rozar las estructuras que producen desigualdad. Es espiritualidad compatible con todo, precisamente porque no cuestiona nada.

Frente a esa dulzura anestesiante hacen falta profetas de la incomodidad. Alguien llamó así al papa Francisco, y no le faltaba razón. Francisco fue un martillo contra la cultura de la comodidad, ese consenso blando que nos adormece. “Esta economía mata”, repitió hasta el cansancio, señalando que un sistema que prioriza el consumo sobre la dignidad humana no es neutral: es violento.

La fe no es un sentimiento reconfortante para la tarde del domingo. Es, o debería ser, un acto de subversión. La opción preferencial por los pobres no es un apéndice retórico del Evangelio, sino su núcleo duro. La única manera de solidificar una fe que se evapora en sentimentalismo es tocar la carne herida de Jesús en los cuerpos vulnerables. Sin ese contacto, todo lo demás es decoración.

La distancia entre la espiritualidad de Instagram y el hambre de las periferias nunca fue tan obscena. Si la fe líquida funciona como bálsamo para el alma individual, la opción por los pobres es un despertador para el alma colectiva. No se trata de despreciar la belleza de los nuevos movimientos ni el renacer espiritual de los jóvenes —sería injusto y miope—, sino de preguntarnos dónde termina nuestra oración y dónde empieza nuestra comodidad.

Una fe que no se estremece ante la cultura del descarte, que no se mancha en el barro de la injusticia, puede sonar muy bien con una guitarra y lucir impecable en una medalla de diseño. Pero se disolverá. Porque la estética sin ética es espuma.

El reto es el de siempre, el de hace dos mil años: pasar de la emoción al compromiso; impedir que la estética nos robe la ética; que el brillo de las pantallas no nos ciegue ante la luz —a veces opaca, siempre real— del rostro de quien no tiene nada. Que, esta vez, sí haya sitio en la posada.

Cuando el mar líquido de la historia se retire, no quedarán los likes, ni los conciertos, ni las fotos. Quedará —si queda— lo que hayamos hecho por el más pequeño. Ahí, y solo ahí, se decide si la fe fue roca o espejismo.

La radicalidad del Evangelio

Del sentimiento al compromiso

La llamada “opción preferencial por los pobres” es la dimensión social de la fe y la piedra de toque que desnuda la superficialidad de la fe líquida. No es un complemento: es el centro. Mientras la espiritualidad de consumo promete autorrealización, el Evangelio de las Bienaventuranzas dinamita cualquier confort religioso. “Bienaventurados los pobres”, no como idealización de la miseria, sino como promesa de justicia que exige respuesta política, económica y social.

El Evangelio no propone caridad cosmética. Propone justicia estructural. No se conforma con consolar; denuncia. No se limita a aliviar síntomas; señala causas. Una fe que no cuestiona los mecanismos que producen pobreza traiciona su núcleo fundacional. El compromiso no es solo con el empobrecido concreto, sino con la transformación del sistema que lo empobrece.

Francisco lo formuló con crudeza: la globalización de la indiferencia nos convierte en cómplices. La fe, en este contexto, es un grito profético contra la injusticia y un llamado a construir una sociedad donde la dignidad humana no sea una variable de ajuste. Esa es la roca que la fe estética de 2025 no puede esquivar si aspira a algo más que a un espejismo bien iluminado.

El criterio definitivo está en Mateo 25: “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis”. Ese pasaje barre cualquier intento de reducir la religión a buen rollo dominical o a éxito musical en redes. Si nuestra espiritualidad no nos lleva a reconocer a Cristo en el hambriento, en el migrante, en el trabajador explotado, seguimos nadando en aguas líquidas.

El espejismo de los números y el silencio de la profecía

Tras el brillo de los estadios llenos y la estética renovada de la espiritualidad de masas, se esconde un autoengaño cada vez más evidente en sectores de la jerarquía de la Conferencia Episcopal Española. Existe la tentación —no disimulada— de confundir visibilidad con vitalidad, engagement con comunidad, emoción colectiva con madurez espiritual. Se celebran cifras, se exhiben auditorios llenos y se presentan estos fenómenos como signos de una primavera eclesial, mientras en paralelo se vacían las parroquias de barrio y se apaga la militancia cristiana que durante décadas sostuvo el compromiso social de la Iglesia.

La jerarquía parece más cómoda leyendo gráficos que escuchando biografías. Mientras se aplaude la espiritualidad que no incomoda, se deja caer —por omisión— a quienes siguen esperando una palabra clara sobre la precariedad, la vivienda, la migración o la desigualdad estructural. El resultado es una Iglesia que gestiona bien la emoción, pero administra mal el conflicto; que acompaña conciencias individuales, pero rehúye una interpelación pública al poder político y económico.

No es solo una cuestión pastoral, sino teológica. Cuando la CEE se refugia en una espiritualidad estéticamente amable y socialmente neutra, no está siendo prudente: está siendo selectiva. Y esa selección tiene consecuencias. Se normaliza una fe compatible con el orden establecido y se margina —sin decirlo— a quienes siguen creyendo que el Evangelio es, ante todo, una crítica radical a la injusticia.

El riesgo es claro: convertir la Iglesia en una institución de doble carril. Una, visible, entusiasta y mediática, que canta, emociona y ocupa espacio público sin interrogar demasiado el orden social que la rodea. Otra, silenciosa y fatigada, que al no encontrar respaldo ni palabra profética sobre la precariedad, la vivienda, la migración o el deterioro de los servicios públicos, acaba alejándose. No por pérdida de fe, sino por exceso de lucidez.

Este deslizamiento no es solo pastoral; es también político. Cuando la Conferencia Episcopal Española —con su presidente y una parte significativa de su comisión ejecutiva— se alinea de facto con el discurso del Partido Popular frente a los gobiernos del PSOE, aunque lo haga con el lenguaje aséptico de la “preocupación institucional” o la “defensa de valores”, está tomando partido. Y al hacerlo, erosiona la credibilidad de su pretendida neutralidad. No se trata de negar a la Iglesia su voz pública, sino de recordar que la identificación reiterada con una opción política concreta no es inocua ni evangélicamente irrelevante.

La consecuencia es previsible: una Iglesia que parece más diligente en señalar los límites del poder político cuando gobierna la izquierda que en denunciar las dinámicas económicas que producen exclusión, desigualdad y pobreza estructural. El silencio selectivo —como la crítica selectiva— también es una forma de posicionamiento. Y suele ser leído así, dentro y fuera.

La economía sigue matando. La desigualdad sigue creciendo. Y cuando el silencio institucional se disfraza de prudencia o de equidistancia, deja de ser una virtud para convertirse en complicidad.

Cuando la fe deja de incomodar al poder y aprende a convivir cómodamente con él, deja de ser fermento crítico y pasa a ser parte del decorado. Y entonces ya no evangeliza: administra consenso. 

SOMBRAS Y ESPERANZA DE UNA MILITANCIA HERIDA

La actualidad nos ha devuelto un espejo incómodo: el de una militancia socialista golpeada por la decepción, pero que sigue en pie. Cuando la casa socialista cruje, el ruido no se queda dentro: se oye en la calle, en las instituciones y en un país que no puede permitirse más desencanto. Entre las sombras recientes y la firmeza moral de la mayoría militante, late la esperanza de un socialismo que merece más que sus tropiezos y que reclama, con dignidad y coherencia, volver a estar a la altura de sus propios valores.

Hay días que amanecen con noticias que posibilitan flamear el viejo orgullo socialista como una bandera recién planchada, roja y limpia, casi ontológica. Y hay otros en que la militancia, la histórica y la más reciente, la de viejas cicatrices y la de pocos o ningún rasguño, en definitiva, toda esa militancia de convicciones, siente que el techo del partido le chorrea encima una humedad agria, una mezcla de decepción, cansancio y vergüenza que no debería tener cabida en una casa fundada para redimir precisamente lo contrario: la injusticia.

La realidad nos ha golpeado como un portazo mal dado en el cuarto oscuro del socialismo: investigaciones judiciales en torno a prácticas irregulares que nadie debería haber siquiera imaginado en nuestra casa, y denuncias de acoso que ponen la piel fría porque no se trata de una batalla política, sino de una herida en los principios más elementales de la igualdad. No hace falta entrar en detalles. Ya llevan días revolcándose en todos los telediarios, dando carnaza a las tertulias de chigre, radio y televisión, y proporcionando material inflamable a quienes disfrutan viendo tambalearse al proyecto socialista, porque cuando el socialismo se tambalea por sus propias sombras, no solo sufre un partido: se resiente también la confianza democrática de un país entero.

Sin embargo, los golpes más duros no vienen de fuera. Vienen de dentro. De la conciencia, ese espejo incómodo donde se miraban los viejos maestros del movimiento obrero, el mismo del que hoy, a veces, cuesta no apartar la vista.

Pablo Iglesias —el nuestro, el fundador, el tipógrafo combativo, no el de las modernidades televisadas— advirtió hace más de un siglo que “la moral socialista exige la mayor rectitud en los actos públicos y privados”. No era poesía; era doctrina. Hoy esa frase pesa como plomo. Porque si algo hemos defendido siempre es que la limpieza ética no es un adorno, sino la argamasa misma del proyecto.

Y Julián Besteiro, ese hombre de una honradez casi dolorosa, ya nos avisó de que “la política sin ética es la ruina de los pueblos”. ¿Cómo no estremecerse al ver nuestra propia casa rozar esos bordes donde empieza la ruina moral? Besteiro nos enseñó que la honestidad no es compatible con la sumisión al aparato cuando éste yerra, y que la disciplina no es un silencio temeroso, sino una responsabilidad militante.

Indalecio Prieto, que vivió el socialismo como una fe sin clericalismos, escribió que “no hay causa más triste que la de un socialista que olvida la vergüenza”. Pues bien, en la coyuntura actual creo que es imprescindible intentar no olvidarla.

El feminismo como bandera pese a las sombras

Pero si la corrupción es un cáncer, las denuncias de acoso son un espejo roto que refleja una realidad que hiere doblemente. Hiere a las mujeres que lo sufren y hiere la lucha de décadas para que la igualdad no sea solo un eslogan para días señalados.

Clara Campoamor —a quien algunos intentan reducir a una anécdota parlamentaria— decía que “la libertad se aprende ejerciéndola, la igualdad se aprende defendiéndola” Defenderla, seguir defendiendo la igualdad, también supone mirar hacia dentro para preguntarnos por qué algunas denuncias solo encontraron eco cuando ya eran estruendo.

Federica Montseny, más cerca del anarquismo que del socialismo, pero igualmente incansable luchadora por la justicia social, decía que “no se puede construir un mundo más humano con métodos inhumanos”. Eso incluye, desde luego, frenar la más mínima sombra de abuso, venga de donde venga, sin escudos de siglas ni camarillas internas.

No basta con protocolos. No basta con comunicados de laboratorio. Hace falta verdad, valentía y ejemplaridad, tres palabras que pertenecen al viejo manual de la militancia que, en según qué tiempos, apenas se hojea.

Una militancia ante el espejo

Creo que, al igual que yo, hay una militancia que se siente herida. Herida, pero no vencida. Y desde esa herida, antes incluso de la reflexión, es necesario dejar escrito, con tinta amarga pero honesta, que lo que está saliendo a la luz merece una repulsa frontal, sin matices, sin paños calientes, sin ninguna suavidad institucional que pudiera pretender maquillar lo que no tiene arreglo. No hablo de errores humanos, ni de torpezas administrativas; hablo de comportamientos que violentan los principios más básicos del socialismo, que pisotean décadas de lucha por la igualdad y que nos arrojan, de golpe, al fango moral que siempre prometimos combatir. Rechazo estos hechos de forma absoluta, como militante que no concibe el partido como un escudo para la impunidad y como socialista que sabe que la dignidad de las personas está por encima de cualquier sigla. Si alguien cree que estas miserias pueden relativizarse, esconderse o amortiguarse, que sepa que está más lejos del socialismo que cualquier adversario político.

Precisamente porque seguimos creyendo en este proyecto, representándolo en las instituciones, desempeñando responsabilidades orgánicas, desde la sencilla militancia o desde la mera simpatía y cercanía con sus principios, sentimos la obligación de indignarnos, la responsabilidad de no conformarnos, de no tragar con explicaciones tibias ni con una trivial liturgia de las responsabilidades. Si algo heredamos de quienes nos antecedieron es la convicción de que un socialista o una socialista jamás bajan la cabeza ante la injusticia, ni siquiera ante la que nace en su propia casa.

La esperanza como disciplina moral

Las grietas en la casa socialista no son solo un problema interno: dejan pasar el frío a un país que necesita certezas, derechos y rumbo. Las sombras no pueden anclarnos en la penumbra. No debemos permitir que eso ocurra porque sería una traición a la propia naturaleza del socialismo, que tanta esperanza supuso para millones de personas a lo largo de sus más de 145 años de existencia. Dijo nuestro fundador Pablo Iglesias que “el socialismo no promete paraísos; promete lucha”. A esa lucha debemos seguir agarrándonos para continuar generando esperanza. La decepción es grande, sin duda. Pero la causa es más grande aún.

El proyecto progresista que representa el PSOE que ha traído derechos, libertades y dignidad a varias generaciones no puede quedar a merced de quienes olvidan los principios, ni de quienes creen que el partido es un trampolín personal, una red clientelar o un salón privado. El socialismo no nació para venerar nombres propios. Nació para defender valores. Y esos valores —igualdad, justicia, dignidad, solidaridad— siguen intactos cuando quienes los representan fallan.

La militancia herida sigue aquí. Y de pie. Herida, pero de pie. Sabiendo, además, que, como dijo Besteiro, “la moral es la fuerza invencible de las grandes ideas”. Ese es el socialismo que quiero seguir defendiendo. No el de los titulares tóxicos. No el de los oportunistas. No el de los silencios cobardes. Sino el de la gente que todavía cree —creemos— que la justicia social no es un eslogan sino una forma de vida. Lo que ocurre en esta casa no es un asunto doméstico: afecta al pulso democrático del país y a la credibilidad de la política como herramienta de transformación.

Pero defender ese socialismo —el real, el de carne y contradicciones, el que no cabe en los slogans— exige también mirar hacia el futuro con un pulso político firme, sin dejar que los escándalos nos roben la agenda de lo importante. Porque el socialismo no se reduce a resistir, sino a proponer, a levantar país, a tejer mayorías donde otros solo ven trincheras. No debemos olvidar ni debemos dejar de poner en valor que fue con el PSOE con el que se alcanzaron las grandes conquistas de esta España moderna: la sanidad pública universal, las jubilaciones dignas, la educación como ascensor social, los derechos civiles, la igualdad entre hombres y mujeres, la integración europea, la convivencia democrática.

Todo esto —lo que de verdad transforma vidas— no puede quedar enterrado bajo la mugre moral de unos pocos. La política socialista no es una alfombra bajo la que esconder vergüenzas, sino un proyecto nacional de justicia, una arquitectura de derechos que hay que defender incluso cuando la estructura interna cruje.

Y ya que hablamos de responsabilidades, conviene mirar también hacia dentro sin pestañear. Porque en esta casa herida empieza a oler, en algunos rincones, a ajuste de cuentas disfrazado de regeneración, a cuchillo afilado con sonrisa de asamblea. Tan nocivo es tapar las grietas con consignas como aprovechar el derrumbe para salir a cazar cabezas mayores, disparando como quien aprovecha la tormenta para saldar viejos rencores. No es tiempo de cerrar filas con los ojos vendados, pero tampoco de abrir fuego amigo con munición gruesa. Confundir la depuración ética con la vendetta personal es otra forma —más cínica, quizá— de traicionar al socialismo. Porque quien hoy utiliza el dolor colectivo como palanca para debilitar al liderazgo elegido no está pensando en el proyecto ni en la militancia, sino en su propia biografía mal digerida. La crítica honesta fortalece; la deslealtad oportunista solo deja escombros.

Es el momento de hacer política de la buena: esa que no recula ante los gritos ni se amedrenta ante los retrocesos culturales; la que reivindica un Estado social fuerte cuando otros lo quieren reducir a souvenir; la que sabe que la igualdad no se mantiene sola, sino que se cultiva, se financia, se legisla y se protege; la que sigue construyendo para las mayorías, aunque a veces las minorías gritonas parezcan secuestrar el debate público.

Porque, al final, el socialismo en el que creo no es una reliquia sentimental, sino una tarea política, un programa vivo que exige rigor moral, sí, pero también audacia estratégica. España está llena de desafíos —la desigualdad que cambia de piel, la vivienda imposible, la precariedad que no se jubila, el machismo que siempre encuentra nuevas máscaras, la digitalización que deja gente atrás, el territorio que sangra abandono—, y un socialismo decente no se permite el lujo de quedarse en la melancolía.

Ese es el compromiso: sanear la casa para que el país no pague las goteras, recuperar la credibilidad para seguir ampliando derechos, y recordar que un proyecto de izquierdas se sostiene tanto por sus principios como por su capacidad para mejorar el día a día de la gente.

Mientras quede una sola alma socialista indignada pero firme, la casa podrá tener sombras, pero no se derrumbará. Porque la esperanza, cuando nace del compromiso y no de la ingenuidad, es más fuerte que cualquier escándalo, más duradera que cualquier deslealtad y más luminosa que cualquier mancha. Y así debemos seguir sosteniendo esa esperanza. Con rabia, con tristeza, con memoria, pero también con convicción. Porque el socialismo, cuando se hace bien, no traiciona nunca.

 

20-N, 50 AÑOS DE MEMORIA PARA SEGUIR GANANDO EL FUTURO

 "Cuando Franco murió, hubo gran desconcierto. No había costumbre" (Julio Cerón, fundador del Frente de Liberación Popular, FLP)

A veces la historia no comienza con un estruendo, sino con un susurro que atraviesa la casa como una ráfaga de aire frío. Tenía ocho años aquella mañana del 20 de noviembre de 1975 y recuerdo, más que las palabras, la sensación: algo grave había ocurrido, algo que los adultos no pronunciaban en voz alta. En mi casa no se hablaba de política —porque en tantas casas no se hablaba nunca de política—, pero el silencio de aquel día era distinto, espeso, como si la radio se hubiera tragado las vocales de todo el barrio. Mi generación aprendió así que había asuntos que no tocaba nombrar, pero que aun así marcaban el ritmo de la vida.

Más allá de la alegría de no tener que ir a la escuela, no sabía entonces lo que significaba que Franco hubiese muerto, pero sí sabía observar. Y en la mirada de mis padres había una mezcla de cansancio y alivio que ningún telediario podía explicar. Con los años lo fui entendiendo: habían vivido demasiado tiempo conteniendo la respiración. Nosotros, los niños de aquel final de régimen, aprendimos antes a interpretar gestos que discursos. Y quizá por eso nuestra generación creció con una especie de intuición democrática: un olfato que detecta cuando el ambiente se vuelve irrespirable. Algo que, por ejemplo, vivimos apenas seis años después la noche del 23-F.

Durante la Transición —ese tiempo al que a veces se le rinde culto y otras veces se le ajusticia con ligereza— crecimos sin un manual, entre la prudencia de quienes habían tenido miedo y la impaciencia de quienes empezábamos a perderlo. No fueron héroes ni villanos: fuimos ciudadanos que caminaban sobre un suelo que aún no estaba del todo seco. Y aunque la Transición no fue perfecta —ninguna obra humana lo es— sí fue un ejercicio colosal de supervivencia colectiva, una forma de decirnos que queríamos vivir juntos sin temernos.

Con el paso del tiempo, cuando la vida te exige que tomes postura, entendí que defender la Democracia no es un acto pasivo. Que uno no se hace demócrata por ósmosis, ni por herencia, ni porque lo diga un libro de texto. La Democracia es una disciplina diaria, una convicción que se alimenta. Por eso soy militante del PSOE, no como gesto identitario sino como modo de contribuir —desde mis aciertos y mis torpezas— a que aquel impulso del 75 no se oxide. La militancia no define lo que escribo aquí, pero tampoco la escondo: forma parte del adulto que escribe estas líneas, igual que el silencio familiar formó parte del niño que las inspira.

Del 20-N en adelante, España fue aprendiendo a hablar en voz alta: a discutir, a disentir, a votar, incluso a equivocarse. Eso es lo que más me conmueve cuando vuelvo a aquel niño que fui: crecimos en un país que se estaba educando a sí mismo a ser libre. No es poca cosa.

La Transición: ni altar, ni papel mojado

No creo en la Transición como mito fundacional perfecto. Creo en ella como un esfuerzo imperfecto pero imprescindible. Fue un puente: algunos de sus maderos estaban torcidos, otros mal clavados, otros crujían al paso. Pero era un puente. Y lo cruzamos sin que se rompiera. De aquel trayecto salió una Constitución que llevamos décadas estirando, reformando mentalmente, aunque no tanto en letra, criticando a ratos y defendiendo siempre que ha sido necesario.

Hoy, sin embargo, noto una peligrosa comodidad ideológica entre quienes piensan que la democracia está garantizada por inercia histórica. Que basta con haber crecido en ella para que se mantenga sola. No es así. Nada se mantiene solo, ni siquiera aquello que parece más sólido. Y un país, igual que un niño, puede crecer… o puede encogerse.

Mientras España se abría como una ventana cerrada durante décadas, fuimos concibiendo la Transición como un pacto entre generaciones que habían vivido demasiado calladas. No fue un relato épico ni un error monumental, como a veces se caricaturiza desde los extremos. Fue un acuerdo imperfecto entre personas que venían de mundos incompatibles y decidieron, con más pragmatismo que romanticismo, que la convivencia era mejor que la ruptura.

Pero si algo me parece decisivo decir hoy —desde este presente sembrado de amnesias voluntarias— es que idealizar la Transición se ha convertido en la coartada perfecta para quienes no quieren afrontar el debate sobre la memoria democrática. Hay sectores de la derecha que repiten el mantra de que “todo quedó cerrado en 1978”, como si la Democracia fuera un expediente archivado y no un organismo vivo. Como si recordar fuese abrir heridas, y no reconocerlas para que no vuelvan a sangrar.

Esa apelación constante a una Transición casi sacralizada, donde “todos cedieron” y por tanto “ya no toca hablar del pasado”, sirve hoy como cortina de humo para no rechazar con contundencia el revisionismo ultra. El argumento suena así: “si ya nos reconciliamos entonces, ¿para qué recordar?”. Y lo que no dicen es que la reconciliación no es un cheque en blanco que permite a otros reescribir el pasado sin pagar el coste político.

La Transición no fue un pacto de olvido: fue un pacto de convivencia. Pero convivir implica asumir la verdad, no sustituirla por una versión cómoda. Y cuando la derecha contemporánea se niega a llamar dictadura a la dictadura, o se refugia en el “no reabramos el pasado” para no perder votos hacia su derecha, traiciona el espíritu real de aquel proceso: el de avanzar juntos, sí, pero sobre bases firmes y reconocibles.

La Transición no se defiende congelándola en una postal de consenso: se defiende entendiendo que aquel acuerdo no nos dispensó de seguir aprendiendo memoria democrática. Lo que se cerró entonces fue un capítulo; lo que no se cerró, ni puede cerrarse, es su interpretación.

El problema es olvidar que el camino no se termina nunca

Medio siglo después de aquel 20-N de 1975, miro alrededor con una mezcla de inquietud y responsabilidad. No porque tema volver exactamente al pasado —la historia nunca se repite de forma idéntica—, sino porque veo cómo se debilitan los reflejos democráticos que creíamos adquiridos. Vuelven discursos que trivializan el franquismo, que lo presentan como una época de orden o estabilidad, que juegan con la tentación de reducirlo todo a una batalla cultural donde la memoria es apenas un hashtag.

Cuando escucho a ciertos líderes políticos, a gente joven que ni había nacido en aquellos años, a nostálgicos de la dictadura, cuando escucho en ciertas “conversaciones” de barra de chigre hablar del franquismo como si hubiese sido un paréntesis administrativamente eficiente, o de la dictadura como si hubiera sido una especie de régimen severo pero paternal, me pregunto qué queda de todo lo aprendido. Me pregunto qué habría pensado aquel niño de ocho años si hubiera podido ver a gente justificando lo que sus padres no se atrevían ni a nombrar.

Ese negacionismo histórico y ese revisionismo que la extrema derecha propaga con una soltura asombrosa no serían tan preocupantes si no encontraran eco —a veces deliberado, otras por puro cálculo político— en sectores de la derecha tradicional. Y ahí es donde se rompe algo. Ahí es donde uno recuerda al niño de 1975 escuchando silencios y comprende que hay peligros que vuelven primero como bromas, luego como eslóganes y finalmente como certezas impostadas.

No se trata de reabrir heridas: se trata de impedir que quienes nunca las llevaron encima decidan por nosotros qué cicatrices valen y cuáles no. La memoria no es un arma; es un cinturón de seguridad democrático. Cuando se afloja, el viaje se vuelve peligroso. Lo que está en juego no es un debate académico: es la base emocional de nuestra convivencia. Si negamos el pasado, nos quedamos sin brújula. Y cuando un país pierde la brújula, siempre aparece alguien dispuesto a decirle por dónde caminar. Y casi nunca es por un buen camino.

La esperanza persiste. Una esperanza activa, no pasiva

Hay quienes dicen que vivimos tiempos oscuros. Yo digo que vivimos tiempos exigentes. La diferencia es importante. Porque la Democracia, pese a todo, sigue siendo fuerte. Ha madurado. Tiene instituciones, tiene ciudadanía activa, tiene una generación que ya no es aquella del silencio, sino la del debate constante. Una ciudadanía que protesta, que se organiza, que vota, que exige. Y ahí reside mi esperanza.

No me dejo llevar por el fatalismo. España ha demostrado que sabe levantarse. Que sabe discutir, votar, protestar, rectificar. Que es más fuerte que sus sombras. Lo que no puede permitirse es dormirse. Porque los derechos no se mantienen solos; las instituciones no se protegen solas; la convivencia no se renueva por arte de magia.

La esperanza existe, sí. Pero no como consuelo. Existe como tarea. La Democracia española tiene cicatrices, pero también un músculo cívico formidable. Tiene memoria, aunque algunos quieran borrarla. Tiene ciudadanos que exigen, protestan, participan. Y tiene jóvenes que, aunque no vivieron la Transición, entienden que el futuro no se improvisa. Lo que falta —lo que nunca debería faltar— es la decisión de defenderla cada día. De explicarla. De contarla. De confrontar el revisionismo sin miedo. De recordar que el pasado no es un estorbo, sino una brújula.

La historia no avanza sola. La Democracia no es un souvenir

El niño de ocho años que vio a un país despertando entiende hoy que la Democracia no solo necesita leyes: necesita cultura democrática. Una capacidad colectiva de distinguir entre la crítica legítima y el veneno del negacionismo; entre la discrepancia política y la demolición institucional; entre el debate sano y el ruido interesado. Si algo aprendí de aquel niño de 1975 es que los silencios dicen más que las palabras. Y ahora, cuando escucho silencios cómplices ante el revisionismo o ante ataques directos a la institucionalidad democrática, sé que no podemos permitirnos callar. Porque los silencios, igual que en mi casa, igual que en tantas casas, aquel 20-N, suelen anunciar algo incierto. Volver a la incertidumbre de hace 50 años es revertir todo lo avanzado hasta ahora para regresar a la noche de los tiempos.

La Democracia no se defiende solo apelando a la nostalgia ni envolviéndose en la bandera. Se defiende con educación, con memoria, con debate serio, con instituciones fuertes, con ciudadanía crítica. Y con política. Sí, también con política: política entendida no como trinchera, sino como herramienta para mejorar la vida de las personas. La Democracia no es un recuerdo de la Transición, ni un trofeo constitucional. Es una tarea diaria. Una conversación incómoda. Una vigilancia activa. Una decisión que se toma cada día, incluso cuando parece obvio tomarla.

Desde la lucidez, no exenta de cierto temor, que da haber visto un país transformarse a sí mismo, quisiera dejar una observación final. Los retrocesos democráticos no empiezan con golpes de Estado; empiezan con miradas hacia otro lado, porque la Democracia no se hereda ni se celebra: se ejerce, se recuerda y se defiende. Todos los días.

El niño que fui no lo sabía. El adulto que soy lo tiene claro: el futuro no se contempla. Se construye para seguir ganándolo. Y también, si nos descuidamos, se pierde.

MÁS ALLÁ DE LAS SIGLAS: LA VIVIENDA COMO PRUEBA DE COHERENCIA

 El PSOE de Castrillón impulsa medidas fiscales amparadas por la Ley de Vivienda mientras el resto de partidos, PP-VOX y también IU, optan por el cálculo político votando en contra

En el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón del pasado 10 de Octubre se debatió algo más que una modificación fiscal: se debatió qué tipo de política queremos hacer. El Grupo Socialista propuso adaptar la Ordenanza del IBI a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, para que los impuestos municipales sirvan para promover justicia social y acceso real a la vivienda.

Cuatro medidas, tan sencillas como coherentes: recargo a las viviendas vacías, bonificación a quienes alquilen con renta limitada, recargo a las viviendas turísticas y bonificación a jóvenes que compren su primera vivienda. Todas ellas amparadas por los artículos 72.4 y 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL), y alineadas con los principios de la Ley estatal de Vivienda.

Y, sobre todo, son medidas más necesarias y responsables que una bajada lineal del IBI como la que PP-VOX plantean y que solo sirven para recaudar algo más de medio millón de euros menos cada año. Medio millón que dejará de invertirse en Castrillón en limpieza, asfaltados, alumbrado, parques infantiles, etc… En definitiva, en servicios públicos que mejoran la vida diaria de nuestras vecinas y vecinos. Frente a esa política de titular fácil y consecuencias silenciosas, el PSOE propone una fiscalidad inteligente: quien más contribuye al desequilibrio del mercado de la vivienda paga más; quien ayuda a corregirlo, paga menos.

Lejos de ser una subida de impuestos, la propuesta del PSOE es una llamada a la responsabilidad fiscal y social: que pague más quien especula con la vivienda y reciba alivio quien contribuye a ponerla en uso. Un planteamiento de puro sentido común que, sin embargo, el Pleno rechazó.

Que PP y VOX votaran en contra entraba dentro de lo previsible: su visión del mercado inmobiliario no admite intervención pública alguna. Pero lo que sorprendió a gran parte de la ciudadanía fue el voto también negativo de IU. Quienes, desde posiciones progresistas, deberían haber estado de este lado del tablero, quizá prefirieron dar más pesó al reflejo partidista, al resentimiento político o al celo competencial que a la coherencia con los principios progresistas que consideran la vivienda como un bien social. Un error y, sobre todo, una falta de perspectiva: el derecho a la vivienda no entiende ni de fronteras administrativas ni de prioridades partidistas. O así debería ser.

El PSOE de Castrillón no compite con nadie. Busca responder a problemas que afectan directamente a nuestras vecinas y vecinos: la falta de oferta de alquiler asequible, la especulación con segundas residencias vacías y la dificultad de los jóvenes para emanciparse. Frente a eso, lo cómodo es enredarse en argumentos ficticios para votar en contra; lo que exige compromiso, es dar un paso adelante. La coherencia progresista no se demuestra con declaraciones, sino con decisiones. Y pocas decisiones encarnan mejor la idea de justicia social que penalizar el abandono especulativo de viviendas y premiar el alquiler responsable. La vivienda no es un terreno para las disputas, sino un derecho que exige colaboración y coherencia.

La política se mide en hechos, no en discursos. Y el Pleno de Castrillón del pasado 10 de octubre dejó claro quién defiende el derecho a la vivienda como una prioridad y quién lo convierte en un eslogan. Penalizar la vivienda vacía o premiar el alquiler asequible no es una batalla ideológica, sino una decisión de justicia y sentido común.

Castrillón merece una política valiente, centrada en los problemas reales y no en las rivalidades partidistas. Desde el PSOE seguiremos impulsando medidas que pongan a las personas en el centro, con la misma convicción que marcó nuestra propuesta: que cada vivienda vacía vuelva a tener vida, y que cada joven tenga una oportunidad para empezar la suya aquí, en su concejo.

En eso estamos en el PSOE de Castrillón y en eso seguiremos estando. Escuchando a la ciudadanía y trabajando nuestras propuestas. En definitiva, construyendo la alternativa que Castrillón merece.