FUI FORASTERO, Y ME ACOGISTEIS

 Frente a los discursos del miedo y la exclusión que intentan fracturar nuestra convivencia, hoy quiero compartir una reflexión sobre la regularización de personas migrantes desde una doble convicción: la radicalidad del Evangelio y el compromiso político con la justicia social. No podemos dar la espalda al sufrimiento de quienes ya forman parte de nuestra comunidad; la política debe ser la herramienta que transforme la invisibilidad en dignidad y derechos.

En la vida política, como en la vida de fe, llega un momento en que las palabras deben encarnarse para no quedar en huecas promesas. Hoy, cuando el discurso del odio y la exclusión gana terreno en las instituciones y, lamentablemente, se infiltra en comunidades de creyentes, es más necesario que nunca volver a la raíz de nuestras convicciones. Para quienes entendemos la política como una herramienta de transformación y la fe como un impulso de compromiso y entrega universal, la acogida no es una opción; es un mandato que define nuestra integridad moral.

La fe como motor de la justicia social

"Fui forastero, y me acogisteis" (Mateo, 25-35). Estas palabras de Jesús no son una sugerencia poética; son una interpelación directa a nuestra forma de organizar la convivencia. Desde una mirada creyente, el Evangelio nos exige una radicalidad que no admite fronteras. No hay "nosotr@s" contra "ell@s" cuando reconocemos que cada persona, sin importar su origen, es portadora de una dignidad sagrada.

Sin embargo, asistimos con dolor a cómo sectores de la ultraderecha política —y voces ultras dentro de la propia Iglesia— pretenden secuestrar el nombre de Dios para levantar muros. Usar la cruz para justificar el rechazo al migrante no solo es una contradicción política, es una profanación de la fe. Quien busca proteger una supuesta "identidad" a costa del sufrimiento del hermano, ha olvidado que el Reino de Dios se construye precisamente desde los márgenes, con los desheredados, con aquellos que la “sociedad del descarte" intenta invisibilizar.

La política como ejercicio de fraternidad y servicio público

Desde la realidad cotidiana de nuestros municipios y concejos, la política deja de ser una abstracción para convertirse en rostros y nombres propios. Es en la cercanía de lo local donde comprendemos que la gestión política de lo común es, en su esencia más profunda, la traducción institucional del amor al prójimo y del compromiso con la justicia social que no puede dar la espalda al sufrimiento. Por eso, la regularización de las personas migrantes no debe entenderse como un simple trámite burocrático o una concesión graciosa del Estado, sino como una medida de justicia política absolutamente imprescindible para la salud de nuestra democracia.

Mantener a miles de vecin@s en el limbo de la irregularidad es una anomalía que un proyecto progresista y humanista no puede tolerar, pues solo sirve para alimentar la precariedad y permitir que la economía sumergida se convierta en un nicho de explotación. Al regularizar, estamos dignificando el trabajo y fortaleciendo el sistema público que nos sostiene a todos, permitiendo que quienes ya contribuyen con su esfuerzo diario lo hagan con plenos derechos y deberes. No hay mayor seguridad jurídica que la que nace de reconocer la existencia de quien ya vive y trabaja en la comunidad, eliminando de paso esos espacios de sombra donde hoy operan impunemente las mafias del abuso laboral.

Al final, la verdadera cohesión de nuestros barrios no se construye con muros ni con la persecución del diferente, sino con la inclusión real. Como decía Churchill, “la democracia no es solo votar, es el bienestar de tu vecino”. Pues esa democracia se debilita cuando permitimos que con quienes convivimos puerta con puerta carezcan de los derechos más básicos. Una sociedad fuerte es aquella que transforma la presencia invisible en pertenencia ciudadana, garantizando que las personas que tenemos al lado no sean vecindad desamparada, sino compañeras y compañeros en la construcción del bien común. Defender este paso es, por tanto, una cuestión de coherencia: es la traducción política del compromiso de no dejar a nadie atrás, asegurando que la dignidad humana sea el eje sobre el que gire toda nuestra acción institucional.

Un compromiso innegociable por encima de siglas

Este no es un debate sobre ideologías cerradas, sino sobre la defensa de la vida en todas sus etapas y condiciones. Mi compromiso político y mi convicción religiosa beben de la misma fuente: la creencia de que nadie sobra, de que la fraternidad no es un eslogan, sino una tarea diaria.

Defender hoy la regularización de las personas migrantes es la forma más coherente de decir "me acogisteis", es la respuesta política a un imperativo ético. Porque si la fe nos enseña nuestra hermandad universal, la política debe garantizarnos nuestra ciudadanía universal. Es hora de dejar atrás los miedos estériles y las alarmas interesadas para construir, con valentía, una sociedad donde la dignidad humana sea la única bandera que nadie pueda pisotear.