¿En qué momento de nuestra historia democrática decidimos igualar el derecho constitucional a una vivienda con el supuesto derecho a especular con ella? Esta es la gran pregunta que resuena con fuerza en el debate público actual, y que la propia portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos lanzaba como un dardo de sentido común frente a las pantallas de televisión. Hemos normalizado una anomalía salvaje: tratar un bien social de primera necesidad, indispensable para desarrollar cualquier proyecto de vida digno, como si fuera un simple activo financiero en una cartera de inversión bursátil. Al hacerlo, se ha permitido que el mercado fagocite la cohesión social, convirtiendo los barrios en tableros de Monopoly y despojando a la ciudadanía de su derecho a la ciudad. La vivienda no puede seguir siendo la gallina de los huevos de oro de los fondos buitre ni el colchón financiero de un rentismo insaciable; tiene que volver a ser, estrictamente, el lugar donde la gente vive.
Hay que decirlo con total claridad desde el principio: no existe equivalencia posible entre el derecho a un techo y el "derecho" a lucrarse exponencialmente a costa de la asfixia ajena. La propiedad privada tiene límites explícitos fijados por su función social en el artículo 47 de nuestra propia Constitución, pero décadas de desregulación feroz, de desidia institucional y de alfombras rojas a grandes tenedores han invertido las prioridades, consagrando una dictadura de mercado donde el beneficio de unos pocos se impone a la supervivencia material de la mayoría. Quien defienda que la vivienda debe regirse por la misma lógica salvaje que las acciones de bolsa está defendiendo la expulsión de las clases populares de sus propios hogares. Esta entrada de blog parte de una premisa innegociable: la vivienda es un derecho humano, y la única misión de una política progresista digna de ese nombre debe ser subordinar el mercado al interés general, combatiendo frontalmente su concepción como producto de especulación.
Es ahí donde el problema de la vivienda en España deja de ser una crisis sectorial latente para convertirse en una emergencia social de dimensiones inéditas. Quienes insisten en equiparar la asfixia actual del mercado del alquiler con las dinámicas cíclicas de las crisis del pasado demuestran una cortedad de miras descomunal. Nunca antes el acceso a un techo había devorado un porcentaje tan salvaje de los salarios, bloqueando la emancipación de generaciones enteras, distorsionando el mercado laboral y triturando la economía doméstica de las clases medias y populares. Ante este escenario de vulnerabilidad sistémica, la ciudadanía no exige milagros utópicos ni debates de trinchera televisiva; lo que reclama de forma desesperada son respuestas eficaces, tangibles e inmediatas. Sin embargo, el principal obstáculo ideológico en el bloque del progreso ya no es solo el relato ultraliberal de la derecha, sino el repliegue de una cierta izquierda en el dogma, el resentimiento personal y la comodidad de su propia pureza.
Por un lado, encontramos a esa corriente ruidosa movida por el puro despecho político hacia el liderazgo de Pedro Sánchez. Atrapados en la necesidad obsesiva de desgastar al Ejecutivo a cualquier precio, no dudan en adoptar o justificar los marcos conservadores si eso sirve para apuntalar su relato de que la política de vivienda de la Moncloa es un fracaso absoluto. Son analistas y opinadores que, con total ligereza, terminan comprando el dogma liberal de que las leyes de la oferta y la demanda son físicas, absolutas e inmutables, asumiendo el mantra patronal de que el único camino es liberar suelo y reducir la burocracia para que el mercado se autorregule. Prefieren validar las tesis de la derecha y amplificar el relato de la inseguridad jurídica o el miedo del rentista con tal de tener la razón en sus cuitas personales contra el presidente.
Por otro lado, y de forma aún más paradójica, se sitúa esa izquierda esencialista, de trinchera y pancarta —la de las esencias de Podemos, los restos de Sumar, Izquierda Unida o colectivos que orbitan a su alrededor—. Es la izquierda "del algodón", la que opera bajo la premisa de que sus principios inalienables y su identidad doctrinal están por encima incluso de dar satisfacción a las necesidades urgentes de la gente. Para esta corriente, la política no es una herramienta de utilidad pública para mejorar el día a día de las familias aquí y ahora, sino un escenario puramente estético para exhibir una supuesta superioridad moral y mantener el carné de la ortodoxia intacto.
Esta desconexión con la realidad se hace evidente en los intentos recientes de forzar un reverdecimiento del 15-M, visible en la reactivación de las protestas y la vuelta de las acampadas a la Puerta del Sol. Si bien el malestar social por el alquiler es legítimo, pretender calcar las fórmulas de hace más de una década ignora que la España actual no tiene nada que ver con la de 2011 o 2015. El panorama ha cambiado radicalmente, sobre todo porque esa misma izquierda disruptiva que nació de aquellas plazas ya ha ocupado espacios de poder en el Gobierno de la nación, demostrando las lógicas limitaciones de la gestión institucional. Insistir hoy en una nostalgia romántica y en un 15-M idealizado, en medio de un clima político de máxima polarización, revela una preocupante falta de madurez estratégica.
No ver el escenario completo es ignorar al verdadero elefante en la habitación: la ultraderecha. En el contexto actual, estas movilizaciones maximalistas, lejos de debilitar las estructuras del capital inmobiliario, corren el riesgo de convertirse, aun sin pretenderlo, en el caballo de Troya perfecto que las fuerzas reaccionarias están deseando explotar. La ultraderecha ansía el desorden, la impugnación total del sistema institucional y la desestabilización del bloque progresista para canalizar el descontento hacia soluciones autoritarias y regresivas. Alimentar la hoguera de la antipolítica desde la izquierda "del algodón" solo pavimenta el camino para aquellos que buscan destruir los pocos escudos sociales existentes.
Aquí es donde estalla la gran tensión dinámica que vertebra la política española: el choque frontal entre este purismo estéril de salón y el posibilismo pragmático del PSOE. Mientras el esencialismo habita cómodamente en el diagnóstico destructivo, exigiendo utopías inmediatas e irrealizables desde la barrera —y sin asumir jamás los costes institucionales, presupuestarios ni las contradicciones que implica gestionar un país real—, el socialismo se ve obligado a ejercer como la izquierda del BOE (Boletín Oficial del Estado). El PSOE entiende que gobernar consiste en transformar la realidad a través de las herramientas jurídicas efectivas y las mayorías parlamentarias posibles. Implica equilibrar la protección social con la estabilidad económica y negociar palmo a palmo en escenarios fragmentados para sacar adelante avances reales. La izquierda del BOE sabe que un avance del cinco por ciento plasmado en una ley es infinitamente más útil para un ciudadano que una proclama del cien por cien atrapada en un tuit o en una lona de acampada.
La gran contradicción de esta izquierda esencialista es que, en su empeño por mantener las manos limpias y no contaminarse con el posibilismo gubernamental, termina siendo profundamente disfuncional para los intereses de las mayorías. Cometen el error político y estratégico de despachar las medidas de intervención pública y las reformas reales del Gobierno, como el control de precios o la protección frente a desahucios vulnerables, bajo la etiqueta displicente de "populismo cosmético" o "medidas para la televisión". Al descalificar estas herramientas de emergencia por considerarlas insuficientes o meramente estéticas, debilitan la posición de protección del propio Estado, desmovilizan a su propio electorado y terminan coincidiendo con el argumento central de la derecha: que cualquier intervención pública en el mercado es inútil y contraproducente. Con la excusa infantil de que "el Gobierno no hace lo suficiente", prefieren una derrota pura, digna y melancólica en el terreno de las ideas antes que una victoria parcial, negociada y pragmática que alivie el drama habitacional de miles de personas el mes que viene.
Va siendo hora de que el debate progresista recupere la madurez, la responsabilidad histórica y la altura de miras. No se puede jugar a hacer activismo de salón ni a la guerra de guerrillas interna mientras se desprecia la única herramienta capaz de cambiar las cosas de verdad: el Boletín Oficial del Estado. La gravedad del momento exige dejar atrás los resentimientos personales y las trincheras identitarias, asumir el posibilismo como la única vía real de transformación social y volver a lo fundamental. Defender que la vivienda es un derecho constitucional implica mancharse las manos con la realidad cotidiana de la gestión y la negociación para subordinar, de una vez por todas, el mercado al interés general. Empeñarse en exigir la pureza del algodón mientras las familias siguen siendo expulsadas de sus barrios no es ser más de izquierdas; es, sencillamente, una monumental cortedad de miras que convierte la ideología en un lujo estéril y da la espalda a la realidad de la gente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario