Es opinión comúnmente publicada que uno de los males causantes del declive de la economía española es la baja productividad y competitividad de nuestro sistema productivo, cuyas alarmantes consecuencias se reflejarían en los datos recientemente publicados de la EPA. Somos un país con más del 27% de su población activa en el paro.
El actual partido en el gobierno hizo de la lucha contra el paro el centro de la campaña electoral que lo acabó aupando al poder con mayoría absoluta. Convenientemente apoyado en la prensa amiga, que dedicó portadas con amplio despliegue tipográfico en el momento en el que España aún no llegaba a los 5 millones de parados, el hoy presidente del gobierno no dudó en fotografiarse ante una oficina del INEM con una larga cola de personas en su exterior. La reforma laboral que el gobierno auspició nada más llegar al poder era la receta mágica que haría descender el paro en España. Eso se nos vendió a los españoles, una reforma laboral que crearía empleo. Creo que la mayoría de ciudadanos compró la idea, o por lo menos no la rechazó, aún siendo conscientes de que esa reforma traía consigo, por lo menos, dos efectos añadidos como eran la bajada de salarios y la precarización de las relaciones laborales, que suponían una merma en los derechos de los trabajadores. La promesa de la creación de empleo asentó en el subconsciente del ciudadano medio la necesidad de asumir el mal menor como única solución.
Pero la realidad es tozuda y España ha superado con creces los 6 millones de parados y su población activa alcanza unos niveles de paro difícilmente asumibles por nadie, por mucho que se ponga énfasis en que el ritmo de destrucción de empleo ha decrecido con relación al primer trimestre del año anterior. Esa misma realidad es la que nos da cuenta de para qué ha servido realmente la reforma laboral que se nos vendió como la pócima mágica que solucionaría el problema del desempleo. Los ERES han pasado de ser operaciones con normativa jurídica para dar viabilidad a una empresa, a meros instrumentos para ajustar plantilla y aumentar márgenes que han puesto en la calle a miles de trabajadores. La flexibilidad laboral, que en la práctica ya se producía en la negociación de los diferentes convenios en las empresas, se ha convertido en una desregulación total de las relaciones laborales en las que una parte esgrime con total impunidad y amparo legal el chantaje del cierre empresarial, cuando lo único que busca es el ajuste para mejorar su margen de beneficios. Y todo ello en un contexto en el que las únicas preocupaciones del gobierno han sido la estabilización del sistema financiero a cualquier precio y la mejora de la fiscalidad empresarial, sin atender a las necesidades del capital humano.
Se hace necesario un nuevo modelo productivo que esté centrado en el trabajador. Un modelo que no haga recaer exclusivamente en los costes laborales la repercusión de la reducción de precios, si no que también lo haga sobre los beneficios. Porque, por ejemplo, resulta moralmente indecente que una empresa anuncie despidos y cierres de centros de trabajo en la misma asamblea general en la que anuncia el mayor beneficio de su historia. Un modelo con una política fiscal recaudatoria en la empresa con mayor gravamen para las menos competitivas y productivas y que solo permita márgenes para crecer. Y si para ello las empresas se ven obligadas a concentrarse, hasta alcanzar una media de número de trabajadores por empresa más acorde con la media europea, quizá así desaparezcan los michelines de grasa de la clase empresarial que son los muchos profesionales de la subvención. Un modelo, en fin, que haga de la necesidad de mejorar en competitividad y productividad la obligación de invertir en el capital humano como mejor garantía de crecimiento.
Y ese nuevo modelo productivo debería ser una más de las herramientas necesarias para recuperar un modelo de sociedad que garantice el acceso universal a los servicios básicos a todos los ciudadanos, empezando por los más desfavorecidos, porque la actual política de recortes no hace sino ensanchar la brecha entre ricos y pobres y promover la desigualdad. La tarea es ardua porque la destrucción ha sido devastadora en estos últimos meses. No podemos, no debemos, permitirnos el lujo de dejar a las generaciones venideras la herencia de una lucha entre ser clientes o usuarios de unos servicios públicos que tanto esfuerzo ha costado conseguir. En esa dialéctica está en juego nuestro futuro como sociedad.
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