FINANCIACION AUTONÓMICA: EL DEBATE QUE DEFINE UN PAÍS

Más allá de las cifras, una reforma que pone sobre la mesa el modelo de Estado y la gestión de la diversidad territorial

España vuelve a discutir su financiación como si hablara de números, cuando en realidad habla de sí misma. La reforma planteada por el Gobierno no es solo un ajuste contable, sino un intento de adaptar el Estado autonómico a una realidad más compleja, más diversa y menos compatible con viejos moldes uniformes.

Hay debates que se presentan como técnicos para no confesar que son políticos. El de la financiación autonómica es uno de ellos. Bajo la maraña de coeficientes, fondos de nivelación y tramos de edad se esconde, en realidad, una pregunta mucho más incómoda: qué España queremos gobernar en el siglo XXI y con qué reglas.

La reforma del modelo de financiación, caducada desde 2014 y rescatada ahora por el Gobierno para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no llega tarde: llega cuando ya no podía demorarse más. No por capricho ideológico, sino por agotamiento del sistema. Porque la igualdad teórica ha terminado produciendo desigualdad real. Y porque los modelos que no se revisan acaban convirtiéndose en dogmas contables con efectos muy poco espirituales.

La técnica como coartada… o como herramienta

Conviene empezar desmontando una de las ficciones más repetidas en este debate: la de que el Gobierno ha improvisado una propuesta ideológica disfrazada de números. Nada más lejos de la realidad. El núcleo técnico del nuevo modelo bebe directamente del Informe de la Comisión de Expertos de 2017, encargado —conviene no olvidarlo— por un Ejecutivo del Partido Popular.

Allí estaban ya muchas de las claves que hoy se discuten con dramatismo impostado: una medición más precisa de la población ajustada, el reconocimiento del impacto del envejecimiento y la cronicidad en el gasto sanitario, o una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Entonces eran recomendaciones sensatas, técnicas, casi asépticas. Hoy, curiosamente, se han convertido en cesiones inaceptables. La técnica, como la Constitución según quién la cite, cambia de sentido cuando cambia el atril.

La propuesta del Gobierno afina donde antes se simplificaba: pasa de siete a veinte tramos de edad para calcular el coste real de los servicios públicos y pone cifras encima de la mesa —más de 20.900 millones de euros adicionales a partir de 2027— para que el acuerdo no sea solo retórico. La técnica, aquí, no es una excusa: es un intento de desbloqueo. Y también un espejo incómodo para quienes hoy se miran en él y no se reconocen.

La Declaración de Santiago: del consenso compartido a la munición política

Hay otro elemento que ha pasado de ser referencia técnica a convertirse en argumento arrojadizo: la Declaración de Santiago, firmada en 2021 por varias comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por el PSOE. Nacida como un intento de fijar una posición común ante la urgente reforma del sistema de financiación, hoy ese texto corre el riesgo de ser utilizado como palanca política contra el Gobierno central y, de paso, aunque haya quien pueda no ser consciente de ello, contra los propios ejecutivos socialistas que lo suscribieron.

Lo que entonces fue un ejercicio de cooperación institucional se ha reinterpretado ahora como una pieza de acusación selectiva: se invoca la Declaración no para avanzar en sus contenidos, sino para señalar contradicciones, forzar alineamientos y convertir un documento de consenso en un arma dialéctica. La transversalidad original ha quedado sepultada bajo la lógica de bloques, y el texto se cita más como consigna que como compromiso.

Aquel documento reclamaba, con un lenguaje más jurídico que retórico, una reforma inmediata del sistema. En uno de sus párrafos centrales se afirmaba literalmente la necesidad de “avanzar hacia un modelo de financiación autonómica basado en criterios objetivos de población ajustada, que tenga en cuenta variables como el envejecimiento, la dispersión geográfica, la despoblación y los costes efectivos de prestación de los servicios públicos fundamentales, garantizando la suficiencia financiera y la equidad interterritorial”. No hablaba de privilegios ni de excepcionalidades, sino de realismo financiero y corresponsabilidad institucional.

Buena parte de esas demandas están hoy incorporadas en la propuesta del Gobierno: desde el refinamiento de la población ajustada hasta el reconocimiento explícito de los sobrecostes estructurales que soportan determinadas comunidades. Lo paradójico es que quienes hoy enarbolan la Declaración como reproche político lo hacen contra un Ejecutivo que, en términos estrictamente técnicos, está aplicando buena parte de lo que aquel texto defendía.

El mito del café para todos

El bloqueo no es técnico. Es político. Y tiene raíces profundas. Desde hace años, una parte del debate público sigue instalada en una lectura congelada de la Transición, como si el Estado autonómico fuera una foto fija y no un organismo vivo, con arrugas nuevas y problemas distintos.

La sentencia que tumbó la LOAPA ya dejó claro que España no es —ni puede ser— un sistema homogéneo. Las competencias son distintas, las realidades sociales también, y pretender que la financiación ignore esa diversidad es una forma elegante de perpetuar la desigualdad. El “café para todos” ha terminado siendo, para algunos territorios, un descafeinado largo servido en vaso pequeño… y para otros, directamente, una cuenta sin pagar.

El PSOE, con todas sus contradicciones históricas, ha sido el partido que más claramente ha asumido esta evidencia: la asimetría no es una anomalía, sino una característica estructural del Estado autonómico. Las declaraciones de Granada y Barcelona no fueron fuegos de artificio, sino el reconocimiento explícito de una España plural que no cabe en moldes rígidos, por mucho que esos moldes se presenten como garantes de la unidad y se defiendan con nostalgia administrativa.

La introducción de la voluntariedad —permitir que las comunidades decidan si se incorporan al nuevo modelo— no es una ruptura del sistema común, sino un mecanismo de encaje. Un traje a medida dentro de un armario compartido, que no obliga a nadie a vestirse con la ropa del vecino ni a desfilar con ella.

Ordinalidad, nivelación y miedos cruzados

Buena parte de la resistencia se articula alrededor de dos conceptos que funcionan más como consignas que como realidades jurídicas.

Por un lado, el fondo de nivelación transitorio que propugna el PP, reclamado por comunidades históricamente infrafinanciadas. Es una reivindicación comprensible, avalada por informes de la AIReF, pero no exenta de tensiones territoriales. Porque mientras unas regiones reclaman recursos por población, otras soportan el coste silencioso de la dispersión, el envejecimiento extremo y la orografía. La igualdad, cuando se mide mal, también discrimina.

Por otro, el fantasma de la ordinalidad, un término que no aparece en los documentos oficiales ni como concepto ni, mucho menos, como principio, pero sí en los discursos inflamados. El temor de fondo es que regular la posición de quienes más aportan erosione el principio básico de nivelación: que los servicios públicos esenciales no dependan del código postal. Como si la solidaridad fuera una escalera por la que solo se puede bajar, nunca subir, y siempre mirando quién pisa el último peldaño.

Aquí convendría bajar el tono y subir el rigor. La propuesta del Gobierno no elimina la redistribución ni consagra privilegios fiscales. Lo que hace es reconocer que la solidaridad no puede ser un castigo ni una trampa, porque entonces deja de ser sostenible políticamente. Y porque ningún sistema aguanta demasiado tiempo si se basa en la sospecha permanente y en el recuento obsesivo de agravios.

Dos modelos de país, una decisión pendiente

Al final, el debate de 2026 no enfrenta cifras, sino concepciones de Estado.

De un lado, una visión que aspira a una multilateralidad obligatoria y uniforme, como si la igualdad formal bastara para garantizar la cohesión real. Del otro, la del Gobierno, que asume que la estabilidad territorial pasa hoy por gestionar la diversidad con flexibilidad, incluso a costa de asumir mayor complejidad institucional. España no es un problema de suma cero, aunque algunos sigan haciendo las cuentas como si lo fuera y pasaran la factura siempre al mismo.

El Ejecutivo ha optado por la vía difícil: mejorar la técnica, aumentar los recursos y aceptar que el modelo resultante no será simple ni simétrico. La oposición, en cambio, ha preferido atrincherarse en una idea de igualdad que ya no responde a la realidad social ni demográfica del país, pero que sigue funcionando muy bien como consigna electoral y como refugio retórico.

Una conclusión incómoda

No estamos ante un simple ajuste financiero. Estamos ante un cambio de paradigma. Aceptar esta reforma significa asumir que la España uniforme de la LOFCA pertenece más al pasado que al presente. Rechazarla implica prolongar un sistema que proclama igualdad mientras genera agravios y convierte el debate territorial en un bucle sin salida.

La pregunta, en el fondo, es sencilla y profundamente política:
¿preferimos un modelo rígido que garantiza una igualdad teórica pero produce infrafinanciación real, o uno más flexible que reconoce la singularidad a cambio de más recursos y mayor estabilidad?

En 2026, la respuesta a esa pregunta no define solo un sistema de financiación. Define el país que estamos dispuestos a sostener… y también el que algunos prefieren no revisar para no tener que explicarlo.

GOBERNAR LA VIVIENDA: SOCIALDEMOCRACIA Y PODER PÚBLICO EN ACCIÓN

 

La política de vivienda como prueba decisiva de una izquierda que aspira a transformar la realidad desde el gobierno y no solo a enunciar derechos

La socialdemocracia se juega hoy su credibilidad no en los grandes discursos, sino en su capacidad para ejercer el poder público con eficacia sobre los conflictos cotidianos. La vivienda es el más urgente de ellos y también el que mejor revela si la izquierda está dispuesta a gobernar la realidad o a refugiarse en la comodidad del diagnóstico.

En el escenario político español de 2026, la vivienda ha dejado definitivamente de ser un asunto sectorial para convertirse en un termómetro de la estabilidad social y de la credibilidad de las políticas públicas. Durante décadas tratada como un activo financiero más, hoy se ha instalado en el centro del debate político como una cuestión de justicia material. El reciente anuncio del Gobierno de una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que congelen las rentas al renovar contratos no es solo una medida fiscal: es una declaración de intenciones sobre cómo entiende la izquierda su papel en un tiempo de tensiones económicas, polarización ideológica y fatiga ciudadana.

La iniciativa no surge en el vacío. Forma parte del núcleo de la ponencia política aprobada por el PSOE en su 41º Congreso Federal, donde el partido asumió que la vivienda debía convertirse en el corazón de la acción de gobierno. El giro es significativo: se pasa de una apelación abstracta al derecho constitucional a la vivienda a una arquitectura concreta de incentivos fiscales masivos. No se trata tanto de renunciar a la regulación como de complementarla con instrumentos capaces de producir efectos inmediatos. La ambición es clara: construir una hegemonía política basada en el pragmatismo institucional y en la protección efectiva de la mayoría social, sin fracturar el marco jurídico ni alimentar conflictos territoriales.

Desde una óptica progresista y explícitamente socialdemócrata, esta estrategia merece una lectura menos defensiva y más afirmativa de la que ha dominado parte del debate. No estamos ante una retirada del Estado, sino ante una forma distinta de intervención. En un país donde las políticas de vivienda tropiezan con recursos judiciales, resistencias autonómicas y una litigiosidad creciente, el incentivo fiscal se presenta como un instrumento de eficacia inmediata. Frente a las propuestas de máximos de otros sectores de la izquierda —coherentes en lo ideológico, pero a menudo ineficaces en la práctica—, la bonificación del IRPF actúa sobre la realidad cotidiana del inquilino sin necesidad de largos desarrollos normativos ni de batallas competenciales.

Utilidad frente a retórica

La política pública, en la mejor tradición socialdemócrata europea, no se mide únicamente por la nobleza de sus principios, sino por su capacidad para mejorar de manera tangible la vida de quienes ocupan posiciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, la bonificación fiscal es una medida eminentemente útil. Al apoyarse en la fiscalidad estatal, esquiva dos de los grandes obstáculos del actual sistema político español. Por un lado, reduce la inseguridad jurídica: al no imponer topes coercitivos, evita la confrontación directa con el Tribunal Constitucional y permite que el ahorro para el inquilino sea efectivo desde el primer día de la renovación contractual. Por otro, neutraliza el sabotaje autonómico: al canalizarse a través del IRPF, la medida alcanza a todos los contribuyentes, con independencia del color político del gobierno regional, y protege a los ciudadanos que viven en territorios donde la Ley de Vivienda se aplica de forma parcial o directamente se ignora.

Esta lógica de utilidad no es menor. En un contexto de inflación acumulada y de salarios que no siempre acompañan el encarecimiento del alquiler, cualquier política que aspire a ser progresista debe ser evaluada por su impacto real y no solo por su coherencia doctrinal. La congelación incentivada de las rentas no resuelve el problema estructural de la vivienda, pero introduce un dique de contención frente a su deterioro acelerado.

Desactivar la polarización

La propuesta socialista tiene, además, una dimensión política e ideológica que trasciende lo estrictamente económico y reivindica una forma concreta de ejercer el poder desde la izquierda de gobierno. En una España donde la derecha y la extrema derecha han convertido el derecho a la propiedad en una trinchera cultural, el uso del incentivo fiscal funciona como un cortafuegos frente a la polarización. Al sustituir la lógica del castigo por la del estímulo, el Gobierno desarma buena parte del relato alarmista en torno a la llamada “inquiokupación”, un término construido para criminalizar al inquilino vulnerable y generar miedo entre los pequeños propietarios.

Cuando el Estado se presenta como aliado del arrendador responsable, ese discurso pierde eficacia. Es difícil sostener una narrativa de caos y desprotección de la propiedad cuando el pequeño propietario percibe que la administración le compensa fiscalmente por contribuir a la estabilidad social. La medida no solo incentiva precios moderados, sino que crea un marco de confianza que reduce el conflicto entre las partes y rebaja la temperatura de un debate que ha sido deliberadamente inflamado.

El quinto pilar

Elevar la vivienda a la categoría de quinto pilar del Estado del bienestar —una aspiración clásica de la socialdemocracia que el PSOE asume ahora sin ambigüedades— exige algo más que declaraciones simbólicas. Requiere integrar la política de vivienda en el sistema redistributivo del Estado, como ya ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. La propuesta de 2026 avanza en esa dirección al utilizar la recaudación del IRPF para subvencionar, de facto, la congelación de precios del alquiler. El Estado asume así el coste del lucro cesante del propietario para evitar que la renta disponible de las familias trabajadoras siga erosionándose.

Se trata de una forma de justicia redistributiva indirecta, acorde con la tradición socialdemócrata europea: proteger al más débil sin generar una fractura social ni cuestionar la seguridad jurídica. No es una solución definitiva, pero sí una pieza coherente dentro de una estrategia más amplia que debería incluir aumento del parque público, rehabilitación urbana y planificación a largo plazo.

Pragmatismo y responsabilidad

Desde posiciones progresistas y socialdemócratas es legítimo, y necesario, aspirar a una regulación más ambiciosa que ponga freno a la especulación inmobiliaria, pero también asumir las condiciones materiales en las que se gobierna. Pero la política, especialmente en contextos de alta tensión institucional, es también el arte de lo posible. La bonificación fiscal propuesta por el PSOE es un ejercicio de responsabilidad que reconoce las limitaciones del momento y actúa en consecuencia.

Frente a la parálisis que generan las posturas maximalistas y al ruido constante en torno a la ocupación y la inseguridad, la medida ofrece una respuesta concreta, ejecutable y jurídicamente sólida. No es solo una decisión económica, sino una toma de posición política: afirmar que el Estado puede intervenir para proteger a sus ciudadanos sin romper la convivencia ni alimentar la inseguridad jurídica. En la batalla por la vivienda digna, la utilidad no es una claudicación; es, hoy, la forma más honesta de justicia social.

Desde esta perspectiva, la propuesta del PSOE no solo interpela a su electorado, sino al conjunto de una izquierda que aspira a seguir siendo mayoritaria. Gobernar desde la socialdemocracia implica asumir que el poder público debe moldear el mercado cuando este falla, pero hacerlo con instrumentos que funcionen, que resistan el escrutinio jurídico y que no rompan los consensos básicos de convivencia. La vivienda no admite gestos simbólicos ni soluciones diferidas: exige decisiones que protejan hoy a quienes viven de su salario. En ese terreno, la intervención eficaz no es una concesión al pragmatismo, sino la expresión más madura de una izquierda que entiende que la justicia social no se proclama, se ejecuta.