GOBERNAR LA VIVIENDA: SOCIALDEMOCRACIA Y PODER PÚBLICO EN ACCIÓN

 

La política de vivienda como prueba decisiva de una izquierda que aspira a transformar la realidad desde el gobierno y no solo a enunciar derechos

La socialdemocracia se juega hoy su credibilidad no en los grandes discursos, sino en su capacidad para ejercer el poder público con eficacia sobre los conflictos cotidianos. La vivienda es el más urgente de ellos y también el que mejor revela si la izquierda está dispuesta a gobernar la realidad o a refugiarse en la comodidad del diagnóstico.

En el escenario político español de 2026, la vivienda ha dejado definitivamente de ser un asunto sectorial para convertirse en un termómetro de la estabilidad social y de la credibilidad de las políticas públicas. Durante décadas tratada como un activo financiero más, hoy se ha instalado en el centro del debate político como una cuestión de justicia material. El reciente anuncio del Gobierno de una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que congelen las rentas al renovar contratos no es solo una medida fiscal: es una declaración de intenciones sobre cómo entiende la izquierda su papel en un tiempo de tensiones económicas, polarización ideológica y fatiga ciudadana.

La iniciativa no surge en el vacío. Forma parte del núcleo de la ponencia política aprobada por el PSOE en su 41º Congreso Federal, donde el partido asumió que la vivienda debía convertirse en el corazón de la acción de gobierno. El giro es significativo: se pasa de una apelación abstracta al derecho constitucional a la vivienda a una arquitectura concreta de incentivos fiscales masivos. No se trata tanto de renunciar a la regulación como de complementarla con instrumentos capaces de producir efectos inmediatos. La ambición es clara: construir una hegemonía política basada en el pragmatismo institucional y en la protección efectiva de la mayoría social, sin fracturar el marco jurídico ni alimentar conflictos territoriales.

Desde una óptica progresista y explícitamente socialdemócrata, esta estrategia merece una lectura menos defensiva y más afirmativa de la que ha dominado parte del debate. No estamos ante una retirada del Estado, sino ante una forma distinta de intervención. En un país donde las políticas de vivienda tropiezan con recursos judiciales, resistencias autonómicas y una litigiosidad creciente, el incentivo fiscal se presenta como un instrumento de eficacia inmediata. Frente a las propuestas de máximos de otros sectores de la izquierda —coherentes en lo ideológico, pero a menudo ineficaces en la práctica—, la bonificación del IRPF actúa sobre la realidad cotidiana del inquilino sin necesidad de largos desarrollos normativos ni de batallas competenciales.

Utilidad frente a retórica

La política pública, en la mejor tradición socialdemócrata europea, no se mide únicamente por la nobleza de sus principios, sino por su capacidad para mejorar de manera tangible la vida de quienes ocupan posiciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, la bonificación fiscal es una medida eminentemente útil. Al apoyarse en la fiscalidad estatal, esquiva dos de los grandes obstáculos del actual sistema político español. Por un lado, reduce la inseguridad jurídica: al no imponer topes coercitivos, evita la confrontación directa con el Tribunal Constitucional y permite que el ahorro para el inquilino sea efectivo desde el primer día de la renovación contractual. Por otro, neutraliza el sabotaje autonómico: al canalizarse a través del IRPF, la medida alcanza a todos los contribuyentes, con independencia del color político del gobierno regional, y protege a los ciudadanos que viven en territorios donde la Ley de Vivienda se aplica de forma parcial o directamente se ignora.

Esta lógica de utilidad no es menor. En un contexto de inflación acumulada y de salarios que no siempre acompañan el encarecimiento del alquiler, cualquier política que aspire a ser progresista debe ser evaluada por su impacto real y no solo por su coherencia doctrinal. La congelación incentivada de las rentas no resuelve el problema estructural de la vivienda, pero introduce un dique de contención frente a su deterioro acelerado.

Desactivar la polarización

La propuesta socialista tiene, además, una dimensión política e ideológica que trasciende lo estrictamente económico y reivindica una forma concreta de ejercer el poder desde la izquierda de gobierno. En una España donde la derecha y la extrema derecha han convertido el derecho a la propiedad en una trinchera cultural, el uso del incentivo fiscal funciona como un cortafuegos frente a la polarización. Al sustituir la lógica del castigo por la del estímulo, el Gobierno desarma buena parte del relato alarmista en torno a la llamada “inquiokupación”, un término construido para criminalizar al inquilino vulnerable y generar miedo entre los pequeños propietarios.

Cuando el Estado se presenta como aliado del arrendador responsable, ese discurso pierde eficacia. Es difícil sostener una narrativa de caos y desprotección de la propiedad cuando el pequeño propietario percibe que la administración le compensa fiscalmente por contribuir a la estabilidad social. La medida no solo incentiva precios moderados, sino que crea un marco de confianza que reduce el conflicto entre las partes y rebaja la temperatura de un debate que ha sido deliberadamente inflamado.

El quinto pilar

Elevar la vivienda a la categoría de quinto pilar del Estado del bienestar —una aspiración clásica de la socialdemocracia que el PSOE asume ahora sin ambigüedades— exige algo más que declaraciones simbólicas. Requiere integrar la política de vivienda en el sistema redistributivo del Estado, como ya ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. La propuesta de 2026 avanza en esa dirección al utilizar la recaudación del IRPF para subvencionar, de facto, la congelación de precios del alquiler. El Estado asume así el coste del lucro cesante del propietario para evitar que la renta disponible de las familias trabajadoras siga erosionándose.

Se trata de una forma de justicia redistributiva indirecta, acorde con la tradición socialdemócrata europea: proteger al más débil sin generar una fractura social ni cuestionar la seguridad jurídica. No es una solución definitiva, pero sí una pieza coherente dentro de una estrategia más amplia que debería incluir aumento del parque público, rehabilitación urbana y planificación a largo plazo.

Pragmatismo y responsabilidad

Desde posiciones progresistas y socialdemócratas es legítimo, y necesario, aspirar a una regulación más ambiciosa que ponga freno a la especulación inmobiliaria, pero también asumir las condiciones materiales en las que se gobierna. Pero la política, especialmente en contextos de alta tensión institucional, es también el arte de lo posible. La bonificación fiscal propuesta por el PSOE es un ejercicio de responsabilidad que reconoce las limitaciones del momento y actúa en consecuencia.

Frente a la parálisis que generan las posturas maximalistas y al ruido constante en torno a la ocupación y la inseguridad, la medida ofrece una respuesta concreta, ejecutable y jurídicamente sólida. No es solo una decisión económica, sino una toma de posición política: afirmar que el Estado puede intervenir para proteger a sus ciudadanos sin romper la convivencia ni alimentar la inseguridad jurídica. En la batalla por la vivienda digna, la utilidad no es una claudicación; es, hoy, la forma más honesta de justicia social.

Desde esta perspectiva, la propuesta del PSOE no solo interpela a su electorado, sino al conjunto de una izquierda que aspira a seguir siendo mayoritaria. Gobernar desde la socialdemocracia implica asumir que el poder público debe moldear el mercado cuando este falla, pero hacerlo con instrumentos que funcionen, que resistan el escrutinio jurídico y que no rompan los consensos básicos de convivencia. La vivienda no admite gestos simbólicos ni soluciones diferidas: exige decisiones que protejan hoy a quienes viven de su salario. En ese terreno, la intervención eficaz no es una concesión al pragmatismo, sino la expresión más madura de una izquierda que entiende que la justicia social no se proclama, se ejecuta.