Más allá de las cifras, una reforma que pone sobre la mesa el modelo de Estado y la gestión de la diversidad territorial
España vuelve a discutir su financiación como si hablara de números, cuando en realidad habla de sí misma. La reforma planteada por el Gobierno no es solo un ajuste contable, sino un intento de adaptar el Estado autonómico a una realidad más compleja, más diversa y menos compatible con viejos moldes uniformes.
Hay debates que se presentan como técnicos para no confesar que son políticos. El de la financiación autonómica es uno de ellos. Bajo la maraña de coeficientes, fondos de nivelación y tramos de edad se esconde, en realidad, una pregunta mucho más incómoda: qué España queremos gobernar en el siglo XXI y con qué reglas.
La reforma del modelo de financiación, caducada desde 2014 y
rescatada ahora por el Gobierno para su discusión en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, no llega tarde: llega cuando ya no podía demorarse más. No
por capricho ideológico, sino por agotamiento del sistema. Porque la igualdad
teórica ha terminado produciendo desigualdad real. Y porque los modelos que no
se revisan acaban convirtiéndose en dogmas contables con efectos muy poco
espirituales.
La técnica como coartada… o como herramienta
Conviene empezar desmontando una de las ficciones más
repetidas en este debate: la de que el Gobierno ha improvisado una propuesta
ideológica disfrazada de números. Nada más lejos de la realidad. El núcleo
técnico del nuevo modelo bebe directamente del Informe de la Comisión de
Expertos de 2017, encargado —conviene no olvidarlo— por un Ejecutivo del
Partido Popular.
Allí estaban ya muchas de las claves que hoy se discuten con
dramatismo impostado: una medición más precisa de la población ajustada, el
reconocimiento del impacto del envejecimiento y la cronicidad en el gasto
sanitario, o una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.
Entonces eran recomendaciones sensatas, técnicas, casi asépticas. Hoy,
curiosamente, se han convertido en cesiones inaceptables. La técnica,
como la Constitución según quién la cite, cambia de sentido cuando cambia el
atril.
La propuesta del Gobierno afina donde antes se simplificaba:
pasa de siete a veinte tramos de edad para calcular el coste real de los
servicios públicos y pone cifras encima de la mesa —más de 20.900 millones
de euros adicionales a partir de 2027— para que el acuerdo no sea solo
retórico. La técnica, aquí, no es una excusa: es un intento de desbloqueo. Y
también un espejo incómodo para quienes hoy se miran en él y no se reconocen.
La Declaración de Santiago: del consenso compartido a la
munición política
Hay otro elemento que ha pasado de ser referencia técnica a
convertirse en argumento arrojadizo: la Declaración de Santiago, firmada
en 2021 por varias comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por el
PSOE. Nacida como un intento de fijar una posición común ante la urgente
reforma del sistema de financiación, hoy ese texto corre el riesgo de ser utilizado
como palanca política contra el Gobierno central y, de paso, aunque haya
quien pueda no ser consciente de ello, contra los propios ejecutivos socialistas
que lo suscribieron.
Lo que entonces fue un ejercicio de cooperación institucional
se ha reinterpretado ahora como una pieza de acusación selectiva: se invoca la
Declaración no para avanzar en sus contenidos, sino para señalar
contradicciones, forzar alineamientos y convertir un documento de consenso en
un arma dialéctica. La transversalidad original ha quedado sepultada bajo
la lógica de bloques, y el texto se cita más como consigna que como compromiso.
Aquel documento reclamaba, con un lenguaje más jurídico que
retórico, una reforma inmediata del sistema. En uno de sus párrafos centrales
se afirmaba literalmente la necesidad de “avanzar hacia un modelo de
financiación autonómica basado en criterios objetivos de población ajustada,
que tenga en cuenta variables como el envejecimiento, la dispersión geográfica,
la despoblación y los costes efectivos de prestación de los servicios públicos
fundamentales, garantizando la suficiencia financiera y la equidad interterritorial”.
No hablaba de privilegios ni de excepcionalidades, sino de realismo financiero
y corresponsabilidad institucional.
Buena parte de esas demandas están hoy incorporadas en la
propuesta del Gobierno: desde el refinamiento de la población ajustada hasta el
reconocimiento explícito de los sobrecostes estructurales que soportan
determinadas comunidades. Lo paradójico es que quienes hoy enarbolan la
Declaración como reproche político lo hacen contra un Ejecutivo que, en
términos estrictamente técnicos, está aplicando buena parte de lo que aquel
texto defendía.
El mito del café para todos
El bloqueo no es técnico. Es político. Y tiene raíces
profundas. Desde hace años, una parte del debate público sigue instalada en una
lectura congelada de la Transición, como si el Estado autonómico fuera una foto
fija y no un organismo vivo, con arrugas nuevas y problemas distintos.
La sentencia que tumbó la LOAPA ya dejó claro que España no
es —ni puede ser— un sistema homogéneo. Las competencias son distintas, las
realidades sociales también, y pretender que la financiación ignore esa
diversidad es una forma elegante de perpetuar la desigualdad. El “café para
todos” ha terminado siendo, para algunos territorios, un descafeinado largo
servido en vaso pequeño… y para otros, directamente, una cuenta sin pagar.
El PSOE, con todas sus contradicciones históricas, ha sido el
partido que más claramente ha asumido esta evidencia: la asimetría no es una
anomalía, sino una característica estructural del Estado autonómico. Las
declaraciones de Granada y Barcelona no fueron fuegos de artificio, sino el
reconocimiento explícito de una España plural que no cabe en moldes rígidos,
por mucho que esos moldes se presenten como garantes de la unidad y se
defiendan con nostalgia administrativa.
La introducción de la voluntariedad —permitir que las
comunidades decidan si se incorporan al nuevo modelo— no es una ruptura del
sistema común, sino un mecanismo de encaje. Un traje a medida dentro de un
armario compartido, que no obliga a nadie a vestirse con la ropa del vecino ni
a desfilar con ella.
Ordinalidad, nivelación y miedos cruzados
Buena parte de la resistencia se articula alrededor de dos
conceptos que funcionan más como consignas que como realidades jurídicas.
Por un lado, el fondo de nivelación transitorio que
propugna el PP, reclamado por comunidades históricamente infrafinanciadas. Es
una reivindicación comprensible, avalada por informes de la AIReF, pero no
exenta de tensiones territoriales. Porque mientras unas regiones reclaman
recursos por población, otras soportan el coste silencioso de la dispersión, el
envejecimiento extremo y la orografía. La igualdad, cuando se mide mal, también
discrimina.
Por otro, el fantasma de la ordinalidad, un término
que no aparece en los documentos oficiales ni como concepto ni, mucho menos, como principio, pero sí en los discursos
inflamados. El temor de fondo es que regular la posición de quienes más aportan
erosione el principio básico de nivelación: que los servicios públicos
esenciales no dependan del código postal. Como si la solidaridad fuera una
escalera por la que solo se puede bajar, nunca subir, y siempre mirando quién
pisa el último peldaño.
Aquí convendría bajar el tono y subir el rigor. La propuesta
del Gobierno no elimina la redistribución ni consagra privilegios fiscales. Lo
que hace es reconocer que la solidaridad no puede ser un castigo ni una
trampa, porque entonces deja de ser sostenible políticamente. Y porque
ningún sistema aguanta demasiado tiempo si se basa en la sospecha permanente y
en el recuento obsesivo de agravios.
Dos modelos de país, una decisión pendiente
Al final, el debate de 2026 no enfrenta cifras, sino
concepciones de Estado.
De un lado, una visión que aspira a una multilateralidad
obligatoria y uniforme, como si la igualdad formal bastara para garantizar la
cohesión real. Del otro, la del Gobierno, que asume que la estabilidad
territorial pasa hoy por gestionar la diversidad con flexibilidad,
incluso a costa de asumir mayor complejidad institucional. España no es un
problema de suma cero, aunque algunos sigan haciendo las cuentas como si lo
fuera y pasaran la factura siempre al mismo.
El Ejecutivo ha optado por la vía difícil: mejorar la
técnica, aumentar los recursos y aceptar que el modelo resultante no será
simple ni simétrico. La oposición, en cambio, ha preferido atrincherarse en una
idea de igualdad que ya no responde a la realidad social ni demográfica del
país, pero que sigue funcionando muy bien como consigna electoral y como
refugio retórico.
Una conclusión incómoda
No estamos ante un simple ajuste financiero. Estamos ante un cambio
de paradigma. Aceptar esta reforma significa asumir que la España uniforme
de la LOFCA pertenece más al pasado que al presente. Rechazarla implica
prolongar un sistema que proclama igualdad mientras genera agravios y convierte
el debate territorial en un bucle sin salida.
La pregunta, en el fondo, es sencilla y profundamente
política:
¿preferimos un modelo rígido que garantiza una igualdad teórica pero produce
infrafinanciación real, o uno más flexible que reconoce la singularidad a
cambio de más recursos y mayor estabilidad?
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